El Ayuntamiento construirá un total de 95 viviendas de alquiler asequible en el complejo de Sociópolis, en la Torre, según ha explicado esta mañana la vicealcaldesa y portavoz, Sandra Gómez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. El órgano colegiado también ha dado un nuevo impulso a la construcción de un centro cívico en el Cabanyal-Canyamelar, entre las calles Sant Pere y Lluís Despuig, y las obras de urbanización del entorno de las Atarazanas, en el barrio del Grau. La concejala ha informado asimismo de la aprobación de la 17ª modificación de créditos del Presupuesto de 2020, que "va a permitir liberar recursos para el Presupuesto de 2021, adelantando el pago de expropiaciones que teníamos que realizar este año".
La deuda de la Generalitat correspondiente al complejo de Sociópolis, en la Torre, "es muy importante con el propio Ayuntamiento" y "hemos negociado y hemos saldado a cambio de quedarnos unas parcelas que tienen una valoración de un millón de euros", donde se construirán 95 viviendas de alquiler asequible, según ha detallado Gómez. Esta promoción "complementará el parque público de viviendas de alquiler accesible que estamos impulsando desde el Ayuntamiento" para "garantizar en la medida de lo posible el derecho al acceso a una vivienda digna".
En el Cabanyal-Canyamelar, se ha propuesto adjudicar el contrato de las obras de ejecución del proyecto básico y de ejecución para la construcción de un centro cívico entre las calles Sant Pere y Lluís Despuig, con cargo a los fondos Edusi, "en plena zona de la antigua ampliación" de la avenida Blasco Ibáñez. Las obras se han adjudicado a Levantina, Ingeniería y Construcción SL por un importe de 1.900.00 euros. Se trata de un edificio que la concejala ha calificado como "un proyecto emblemático que recupera la tipología más clásica del Cabanyal-Canyamelar, que no son las actuales casas modernistas, sino las antiguas barracas antes del gran incendio que asoló el barrio a finales de del siglo XVIII".
Dentro del área de urbanismo, el órgano colegiado del gobierno ejecutivo municipal ha acordado asimismo la reparcelación del PAI de las Atarazanas, en el barrio del Grau, el último trámite que permitirá comenzar las obras para "acabar con un gran vacío urbano, un gran solar que degrada uno de los puntos históricos del Grau", próximo, además, a un instituto y un colegio público. Las obras, a cargo del agente urbanizador, ascienden a un millón de euros, y el Consistorio obtendrá suelo dotacional, "una antigua casa protegida", propiedad del agente urbanizador.
Igualmente se ha declarado válido el procedimiento para contratar la prestación de los servicios necesarios para la redacción del proyecto de ejecución para la construcción del colegio público Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de la Raiosa, por un importe de cerca de 150.000 euros. La empresa adjudicataria es la UTE Lourdes García Sogo y Asociados, Arquitectura, Urbanismo e Infraestructuras. La edila ha recordado que el SEPES ya ha anunciado la licitación de las obras de urbanización del entorno, lo que permitirá disponer del solar para la construcción del colegio, mientras que el Ayuntamiento ha comenzado a redactar el proyecto "para tener todo listo para, en cuanto se disponga del solar, poder comenzar la construcción del mismo lo antes posible".
La vicealcaldesa también se ha referido a la aprobación del proyecto de desvíos de infraestructuras en el entorno del pabellón Arena para que "tanto el tránsito de viandantes como el nuevo carril bici que pasará por la zona no interfieran en el espacio" del futuro edificio multiusos. De esta manera, el Ayuntamiento "continúa dando pasos para que el pabellón Arena pueda ser una realidad lo antes posible".
En el ámbito de Hacienda, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de la 17ª modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto de 2020, lo que "va a permitir liberar recursos para el Presupuesto de 2021, adelantando aproximadamente entre 5 y 7 millones de euros, que vamos a dedicar a expropiaciones que teníamos que realizar en 2021, pero que vamos a pagar y aplicar en este año 2020". Se trata de expropiaciones que, "por sentencia, el Ayuntamiento tiene la obligación de pagar y que no estaban sujetas a la moratoria que ha aprobado la Generalitat".