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912 bienes valencianos constituyen "el mayor espolio patrimonial de la iglesia"

La consellera de Transparencia pidió en 2020 el listado de apropiaciones eclesiásticas del 1998 al 2015 y este saca a la luz un total de 912 bienes, algunos de los cuáles podrían ser susceptible de reclamación por parte de la administración

912 bienes valencianos constituyen "el mayor espolio patrimonial de la iglesia"
25/02/2021 -

Ya en 2020, la conselleria de Transparencia de la Generalitat Valenciana, titular de Rosa Pérez Garijo, pidió el listado de apropiaciones eclesiásticas del 1998 al 2015. Ahora, a penas un año después, el informe proporcionado a la Generalitat, saca a la luz un total de 912 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia Católica durante casi los últimos 20 años. La publicación, a instancias del gobierno, de este informe abre la puerta a que administraciones o particulares puedan empezar a reclamar la titularidad de los inmuebles que consideren como suyos.

De este modo, el Gobierno central ya ha dejado en manos del Congreso de los Diputados dicho listado, por lo que ahora, la Conselleria de Transparencia, titulada por Rosa Pérez Garijo, afirma que “trabajaremos para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana“. Dicho informe refleja que en territorio valenciano se inmatricularon 912 inmuebles, 726 de los cuales corresponden a templos y dependencias complementarias a estos, y los 186 restantes, aunque no están vinculados directamente al culto, han llegado a ser de su propiedad. No obstante, solamente 789 cuentan con la certificación eclesiástica, es decir, que los 123 restantes no cuentan con un título eclesiástico que acredite que estos bienes son propiedad de la Iglesia.

Concretamente, entre los bienes dedicados al culto propiedad de la Iglesia Católica, encontramos parroquias, templos, ermitas, calvarios, capillas y hasta cementerios. Por ejemplo, en la capital valenciana la Catedral Basílica Metropolitana de Valencia, la Iglesia de Santa Catalina, San Juan del Hospital o Santos Juanes son de su propiedad -y titularidad-, pero por otra parte, la Iglesia Católica también se encuentra en posesión de viviendas particulares, garajes, parcelas industriales, solares, suelos rústicos, o hasta colegios e institutos.

Del mismo modo, desde las instancias de alcaldía de la ciudad de València, Joan Ribó ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica en el Cap i Casal, una cifra que se podría acercar a la cuarentena de bienes. La mayoría de las inmatriculaciones corresponden a edificios religiosos pero también se constata la presencia de viviendas, centros parroquiales, almacenes, edificios de actividades pastorales y dependencias complementarias, para lo que el alcalde Joan Ribó no descarta “iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudieran ser de carácter municipal”.

Del mismo modo, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ya se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentren en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Ante la posibilidad de reclamar la titularidad de un bien, son principalmente los ayuntamientos los legitimados para realizar estas reclamaciones, por eso, Garijo, ha anunciado que su departamento “colaborará” con ellos para detectar “qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos” y “preparar la documentación necesaria”.

Además de templos, parroquias, ermitas o cementerios religiosos, cabe recordar que la Iglesia Católica es propietaria de centros de enseñanza universitarios como la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, con la que la Iglesia Católica no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, no contribuye al pago de impuestos, pero por otra parte, los universitarios y sus familias, desembolsan grandes cantidades de dinero para cursar los respectivos estudios en estos centros. No obstante, ante estos hechos, el alcalde Joan Ribó insiste en que la Iglesia debe pagar el IBI de los edificios no dedicados al culto. Además, Ribó asegura que se está trabajando en esto, aunque es necesario un cambio normativo en la Ley de Mecenazgo que lo permita. De este modo, el alcalde, tal y como viene declarando desde hace mucho tiempo, se muestra partidario a que “aquellas actividades que son actividades empresariales de la Iglesia coticen exactamente lo mismo que cualquier otra actividad”.

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