El Gobierno ya ha confirmado que Andrea Carballo, la joven de 20 años, de Castellón se convierte en la octava víctima por asesinato machista en la Comunidad Valenciana del pasado año. Ante esta confirmación, Vila-real, la localidad castellonense en la que vivía la joven, ha decretado tres días de luto oficial. El pasado 23 de diciembre, Andrea Carballo murió en una colisión contra una gasolinera de Benicàssim. El conductor, su expareja, Víctor Llorens de 29 años, al que la víctima había denunciado, días antes, por malos tratos.
El agresor tenía una orden de alejamiento de 200 metros, y la imposibilidad de comunicarse con Andrea Carballo por ninguna vía, desde que el pasado 15 de diciembre se interpusiera la querella en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real. Sin embargo, el 23 de diciembre se la saltó, y se produjo el triste desenlace. Con Andrea Carballo son ocho las víctimas de violencia de género registradas en la Comunidad Valenciana, y 49 mujeres asesinadas en España a lo largo del 2017. Unos datos escalofriantes que hacen reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos.
Para luchar contra la lacra de la violencia machista, la Comunidad Valenciana cuenta, desde hace unos meses, con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. 293 medidas encaminadas a erradicar la violencia de género, y a que deje de ser sólo un problema doméstico para convertirse en un problema social.
En este sentido, algunas de las medidas más destacadas son la ampliación de la red de centros mujer en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, el protocolo de intervención social educativa para maltratadores condenados, así como medidas de prevención como la formación en igualdad para trabajadores públicos y para el personal docente o la implantación de coordinadores de igualdad en los centros educativos.
Asimismo, el pasado mes de noviembre, se aprobó, por unanimidad, el dictamen de subcomisión sobre la erradicación de la violencia machista, que también propuso medidas en diferentes ámbitos de la sociedad. De esta manera, en salud pública, se propuso difundir información sobre los recursos disponibles para garantizar una detección precoz de las situaciones de violencia de género.
En el ámbito de la justicia, a parte de proteger al menor en los derechos de custodia, una medida importante es la de superar la vinculación de la denuncia con la protección asistencial de la víctima. Por supuesto, en el campo laboral, también se desarrollaron programas para fomentar el empleo y garantizar la inserción de las mujeres con inscripción preferente en las líneas de actuación del Servef para asegurarles la independencia económica.
Muchas medidas que se están poniendo en práctica, con el objetivo de que no haya ni una más en 2018. Desde todas las instituciones recuerdan que la denuncia es primordial, pero también es necesario mejorar los protocolos de protección de la víctima para que la violencia machista no acabe con ninguna mujer más.