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El València en Comú exigirá en la Diputación de Valencia a la mayor brevedad el cierre inmediato y ordenado de Divalterra, la antigua Imelsa, tras la operación judicial que ha supuesto la detención del presidente de la corporación y los dos gerentes de la empresa pública provincial.
València en Comú ya pidió en diciembre de 2016 la liquidación de la compañía, epicentro del caso Taula, la investigación judicial sobre la gestión del PP en la sociedad en la que hay decenas de imputados. Entonces, Berto Jaramillo, diputado provincial, exigió “responsabilidades” cuando algunas informaciones periodísticas denunciaron varios procedimientos de contratación y pago de dietas con cargo a la empresa.
“Defendemos las empresas públicas, pero la dinámica de Divalterra –antes Imelsa- está viciada tras el larguísimo periodo del PP en el gobierno. La sociedad estaba cuestionada antes y sigue cuestionada ahora, pese al cambio de gobierno. Eso no nos lo podemos permitir”, asegura Jaramillo.
València en Comú propondrá que la Diputación asuma directamente la gestión de las brigadas forestales que dependen de Divalterra –con más de 500 trabajadores- y las otras áreas de gestión que encajen con las competencias y obligaciones de la Diputación. Por lo demás, con respeto a los derechos del personal, y su recolocación en la administración provincial siempre que sea posible, la empresa debe ser liquidada.
“A la vista de los hechos, es difícil enderezar la gestión de una empresa viciada por una presunta corrupción sistémica”, dice Jaramillo, responsable de Transparencia y Gobierno Abierto en Diputación. València en Comú ya anunció el miércoles que impulsará la depuración de las responsabilidades políticas y/o judiciales que correspondan de confirmarse las supuestas irregularidades investigadas en Divalterra.