Sigo sin dar crédito a lo que ha pasado recientemente en el Congreso, la propuesta para derogar la Ley Montoro presentada por Unidos Podemos ha sido rechazada por los votos en contra del PP-Ciudadanos y la “inesperada” abstención del PSOE, que ha engañado a sus votantes.
No haber aprobado la derogación de la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local significa haber perdido una ocasión fundamental para recuperar la autonomía municipal. A pocos meses del ecuador de la legislatura muchos gobiernos que quieren realmente provocar cambios positivos para la ciudadanía se encuentran con muchísimas trabas para llevar adelante sus proyectos por las grandes limitaciones de esta ley, especialmente a la hora de contratar personal, que se traducen en muchos casos en la privatización de los servicios públicos.
Sin duda, el PP dejó las cosas atadas y bien atadas. Cuando llegaron al gobierno de la mayoría de las administraciones no perdieron el tiempo en privatizar todo lo que fuera rentable -para las empresas, claro-. Después suprimieron puestos de trabajo alegando que ya no eran necesarios, lo cual era cierto porque ahora eran cubiertos por trabajadores y trabajadoras en precario de la empresa de turno que hubiera sido agraciada con la contrata pertinente. La privatización de servicios públicos conlleva un mayor coste para la administración, un peor servicio y una elevada precariedad laboral.
Pero como la privatización de los servicios públicos está muy lejos de tener como objetivo el interés general y por si acaso cambiaban los gobiernos y a éstos se les ocurría acabar con este desaguisado irracional e insostenible, se hizo necesaria la Ley Montoro que, entre otras, limita la contratación de personal para obstaculizar la remunicipalización de los servicios públicos privatizados. Atado y bien atado.
Aun así existen posibilidades de revertir, aunque no con la misma facilidad de no haber restricciones y eso por no hablar de lo importante que es poder contratar más personal para dar un mejor servicio desde la Administración. La derogación de la Ley Montoro hubiera sido una oportunidad de avanzar más, cuatro años pasan muy rápido y no se pueden dejar los temas para mañana. La administración local es la más cercana a la ciudadanía y es la que puede, en primera instancia, garantizar los derechos y solucionar los problemas de sus vecinos y vecinas, por eso desde Esquerra Unida siempre hemos pedido más financiación y más competencias. La Ley Montoro sirvió para todo lo contrario. La ciudadanía ha perdido una gran oportunidad para recuperar derechos.
Rosa Pérez Garijo
Vicepresidenta 4ª de la Diputació de València y Diputada delegada d’Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica.