Transparencia solicita un informe a la Comisión de Codificación Civil para estudiar las opciones jurídicas que garanticen el Derecho Civil valenciano

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La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha solicitado un informe técnico a la Comisión de Codificación Valenciana para que estudie las posibles opciones jurídicas que garanticen la competencia de Les Corts para legislar y desarrollar el derecho civil propio en virtud de las competencias de autogobierno.

Así se ha acordado durante la reunión de la Comisión Permanente de Codificación Valenciana, presidida por la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Perez, y de la que es vicepresidente el director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa.

Durante la reunión, la comisión ha mostrado su oposición a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la Ley valenciana de Custodia Compartida, norma aprobada en 2011 y que daba prioridad a la custodia compartida en caso de separaciones o divorcios sin acuerdo entre los progenitores.

Tras el encuentro, el director general de Fomento del Autogobierno ha afirmado que "es un agravio negarnos a los valencianos y valencianas la capacidad de actualizar nuestro derecho en materias tan importantes para la vida cotidiana y un nuevo golpe al derecho civil propio, contemplado en nuestro Estatuto de Autonomía".

"Es por ello -ha explicado Ochoa- que hemos realizado este encargo a la Comisión de Codificación con el objetivo de explorar todas las vías posibles para reivindicar lo que pensamos que es nuestro derecho estatutario".

Esta solicitud viene a dar cumplimiento de la resolución del pleno de Les Corts del pasado 15 de septiembre sobre la elaboración de un informe sobre las opciones jurídicas para legislar en materia de derecho civil propio por parte de la Comisión de Codificación.

Por otra parte, durante esta sesión de trabajo se ha abordado la composición de la nueva Comisión de Derecho Patrimonial y Agrario para desarrollar la única ley que hasta ahora no está recurrida ante el TC, la Ley 3/2013 de Contratos Agrarios y Otras Relaciones Jurídicas Agrarias.

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