Quizás dirán que soy poco original, pero me he tomado la libertad de empezar el artículo con un tabla reciente del concurrido facebook de Enric Nomdedéu. El 15 de febrero, el secretario autonómico de Ocupación relataba al muro una escena que se encontró patinete en mano –en pie más bien- antes de llegar al Servof. Explicaba que, pocos metros más allá del TSJ, donde décimas de periodistas se amontonaban para saber si la ‘Perla’ dormiría en Picassent, vio como un juez levantaba el cadáver de un indigente que había perdido la vida a la calle. Saqueo frente a personas sin techo.
El contraste de la escena, por desgracia, va más allá de la anécdota. Es la realidad del país que nos han dejado, y que ahora tenemos la obligación de enderezar.
Una tierra dónde, efectivamente, queda mucho para hacer. No cabe la autocomplacencia a pesar de los avances en ocupación; en políticas sociales, con más recursos y personas; en el desarrollo real de un modelo educativo público... En ese cambio profundo que estamos llevando a cabo todavía queda camino porque todos tengan oportunidades.
Para hacer posible esta transformación y volverle la voz a la gente que se ha quedado excluida hacen falta modificaciones legislativas; nuevas normas de juego donde no sólo unos pocos tengan toda la pelea. Demasiadas veces, no obstante, estos cambios parecen perderse dentro del papeleo del DOGV. Pero no nos engañamos: las leyes son el principal puntal de la acción del Consejo.
Por eso, para romper con contrastes inadmisibles, como lo es tener miles de viviendas vacías mientras miles de familias no tienen techo, hacen falta reformas legales. Cambios como el que supone la Ley por la Función Social de la Vivienda.
No ha sido fácil salirla adelante. Se han tenido que concitar esfuerzos de muchos colectivos sociales, como la PAH..., y también las necesidades de algunos sectores económicos. Pero sobre todo, se ha tenido que hacer frente a un PP obstinado que olvida que ellos, entre F1 y ‘mordiscos’, nos convirtieron en el tercer territorio del Estado en número de desahucios. Se han tenido que superar los ataques de Bonig, que en su época de Consejera dejó impagadas las ayudas a vivienda. Y se han combatido intereses financieros que se oponían a convertir el techo en una garantía.
A pesar del NO insistente de Bonig, y después de eternos debates, borradores..., a las Cortes hemos aprobado una ley que hace de la vivienda un servicio de interés general. Una norma que, además, activa medidas concretas por una vivienda digna, asequible y adecuada por la gente que no tiene acceso. Así, el texto obliga a dotar de dinero la mejora del parque de viviendas; a impulsar ayudas a la rehabilitación; activa un alquiler social que no podrá superar el 25% de la renta familiar... Y se podrán, incluso, activar procesos expropiatorios en bancos. Y esto no es poca cosa.
El trabajo ha sido grande. Los ataques también. Pero sólo sabremos si hemos tenido éxito cuando junto al juzgado que condeno los muchos corruptas pendientes, dejamos de encontrarnos las víctimas en quién robando dejaron sin techo. Sólo el tiempo nos lo dirá.