El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado el “reto fundamental” al que se enfrentan las nuevas exigencias en materia de financiación local que, ha afirmado, pasa por “el reparto equitativo de los recursos del Estado entre sus diferentes niveles de Gobierno”, es decir, las administraciones central, autonómica y municipal. Así lo han refrendado alcaldes y concejales de más de 70 ciudades españolas de partidos todo el espectro político: como Compromís (el propio Ribó), PSOE (Valladolid), PP (Málaga), Ahora Madrid o Zaragoza en Comú, entre otros.
Ribó ha defendido la necesidad de reformar la normativa en materia de financiación pública, durante su intervención en el plenario de conclusiones de las Jornadas Municipalistas que se desarrollan en el Palacio de Congresos de València. La sesión, coordinada por el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, ha contado también con la participación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, y del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, quienes han defendido también la propuesta.
Tal como ha denunciado el alcalde Ribó, “la agenda política de la trayectoria democrática de nuestro país nunca ha afrontado de una manera seria y rigurosa el problema de la financiación local. Los mismos problemas históricos en el entorno local continúan hoy presentes y agravados por el contexto negativo de la crisis financiera internacional y las tensiones en las cuentas públicas, pero también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con tres reglas fiscales que alguien se ha empeñado en que aparezcan como 'sagradas': la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto”.
Según Ribó, estas tres reglas “han contribuido a agravar la situación todavía más”, especialmente porque “inexplicablemente, la última impide -a pesar de que haya superávit en un Ayuntamiento- dedicar ese saldo positivo al gasto social o medidas para generar empleo, ya que se ha de usar para amortizar deuda”. Por eso, el alcalde ha asegurado que el “reto principal ha de ser distribuir de manera equitativa los recursos del Estado entre sus diferentes niveles de gobierno, de acuerdo con los servicios que cada uno presta efectivamente. Un reto que dista de haberse superado”.
Ante los asistentes al plenario de conclusiones, Joan Ribó ha recordado que los ayuntamientos son "buenos cumplidores", por lo que exigen “una normativa acorde a ese buen comportamiento, y poder dedicar el superávit a planes de empleo, gasto social, inversiones. En definitiva”, ha afirmado, “en favor de la ciudadanía y no de otras instituciones”.