El Juzgado Mercantil de Valencia ha admitido a trámite la acción de responsabilidad social presentada por la actual Junta General de IPG contra los ex consejeros de la empresa pública de Gandia Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber.La demanda se cursó en noviembre de 2017, al considerar que se habían producido daños económicos irreparables en el patrimonio de la mercantil pública. Concretamente, la cantidad reclamada en la acción de responsabilidad social asciende a 3,3 millones de euros.
La acción de responsabilidad social es una demanda mercantil que pretende que el Ayuntamiento de Gandia recupere el dinero que los anteriores gestores de IPG ocasionaron con su mala praxis.El período que se juzgará es aquel en el que el Partido Popular promovió acciones que se alejaban del objeto social de la empresa y del interés social. Entre otros, la compra del concesionario de la Citroën por 3,9 millones de euros, la reforma del mercado municipal del Prado por 1,2 millones, el alquiler de la discoteca Cocoloco, la compra del bowling, la gestión de los conciertos de verano o las millonarias inyecciones en publicidad en distintas empresas.
Fuera de la demanda, quedan aquellos aspectos que están juzgando al Juzgado Penal como, por ejemplo, el caso Tele 7 o los impagos a entidades bancarias.
Los miembros del gobierno municipal (PSPV-Més Gandia), con el apoyo de Ciudadanos, interpusieron este recurso, con el voto contrario del PP, para recuperar parte de los 28,4 millones de euros de las pérdidas generadas por la gestión los anteriores consejeros populares.