Acequia en l'Horta valenciana | Pablo Plaza
Es un paisaje difícilmente igualable. Es suntuoso, bucólico, incluso catártico. Está presente en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta. Es l'Horta de Valencia. Y siempre, a nuestro lado. Desde la época en que los romanos la utilizaron para alimentarse durante las largas campañas en Iberia. Y ahora, tierra de agricultores de la zona metropolitana de Valencia y símbolo regional de calidad.
Sus cultivos le dan el nombre. Cereales, uva, olivos, arroz, chufa, y otras hortalizas como la berenjena o la alcachofa. Productos hortícolas, de ahí ‘l'Horta’. Las alquerías se erigen entre los cultivos, vigilan la vasta llanura, sirven de vivienda o de almacén. Algunas hasta se han transformado en molinos de agua, haciendo uso de las acequias del terreno. Y es que, desde el cielo, l'Horta valenciana es un puzle con tonalidades verdes y marrones cuyas juntas nutren de agua una gran parte. L'Horta es para Valencia imprescindible, y su protección, por lo tanto, es necesaria.
Si a alguien hay que preguntar para hacer las modificaciones y regulaciones que haga falta es a los agricultores, las personas que, cada mañana, se hacen cargo de la tierra, y gracias a las cuales este espacio se mantiene vivo y productivo. ¿Cuáles son los principales problemas a los cuales tienen que hacer frente?
L'Horta de Alboraya | Pablo Plaza
Uno de ellos es la acusada sequía que sufre nuestro territorio. El otoño de 2017 ha sido el segundo que menos ha llovido desde hace 77 años, por detrás de 1981. Si la media de precipitaciones en otoño sobrepasa los 175 litros por metro cuadrado, entre septiembre y diciembre del año pasado se registraron sólo 34 l/m².
Así, la sed de nuestros pantanos es máxima. En la cuenca de Segura, se encuentran sobre el 20% de su capacidad, y los de la cuenca del Júcar contienen el 35% del total. Los acuíferos y las aguas subterráneas están solventando la situación. Pero estas fuentes tampoco son infinitas. Las consecuencias, por lo tanto, no serán patentes a corto plazo, pero sí que lo serán en verano, cuando la falta de abastecimiento puede ser una realidad, y las medidas restrictivas, una necesidad.
Tal y como comentan desde la Unió de Llauradors, los tratados internacionales que la Unión Europea subscribe, también tienen una gran afección para nuestros agricultores. En primer lugar, porque esta liberalización les impide competir con productos del exterior, que, por si no fuera poco, no están sujetos a muchas limitaciones a las que nuestros productos tienen que adaptarse. “La seguridad alimentaria y que se regule el uso de fitosanitarios”, pide el presidente de la organización, Ramón Mampel Dellà.
Parcela en l'Horta | Pablo Plaza
Y por otro lado, la rentabilidad. Los agricultores, como un ingeniero, un abogado, un médico o un profesor, no viven del aire que respiran. La cadena alimentaria tiene que ser rentable para que los agricultores puedan sobrevivir. Si los distribuidores y las empresas de comercialización de productos hortofrutícolas basan sus estrategias en la rentabilidad, las explotaciones agrarias exigen poder serlo también. “O al menos, no perder [dinero]”, comenta Ramón.
La madre del cordero es la rentabilidad. Y esta situación se encuentra estrechamente ligada con el progresivo abandono de tierras que, como tantas otras zonas de nuestro territorio, sufre l'Horta. Entre 4 y 5 agricultores al día abandonaron su trabajo el año pasado. En esta situación, como señala el director de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, “es imposible el relevo generacional”, y también apunta que “la media de edad supera los 63 ó 64 años”. Y es que, quién va a labrar un campo cuando este no da para vivir?
En la AVA añaden, por otro lado, dos obstáculos: unas estructuras minifundistas que resultan “antieconómicas”, y una falta de inversión en innovación y tecnificación del campo. “Tanto en la Administraci ón anterior como en el actual, no hay inversión en agricultura”, se lamenta Cristóbal.
La especulación
[caption id="" align="alignright" width="580"]
Mapa de la especulación de Per l'Horta[/caption]También, la tierra ha dejado de ser tierra porque el dinero lo controlan todo. Si una cosa no es rentable, su existencia se sustenta en la belleza, o en el tacticismo y practicidad. Por eso, durante últimos años, la especulación ha sido una constante.
Sin ir más lejos, en 2015, tan sólo en los espacios más próximos a la ciudad de Valencia, más de 280.000 metros cuadrados de Horta protegida estaban en manos de empresas inmobiliarias o financieras, promotoras y constructoras, según la asociación Per l'Horta. También del Valencia C.F., propietario de 25.000 metros cuadrados en Benicalap. Estas tierras se adquirieron a principios del siglo XXI. Pero, si la ciudad de Valencia disponía entonces de 57.000 viviendas vacías y solares para construir otras 38.000, y este suelo no era urbanizable, ¿qué interés podrían tener los bancos y otras sociedades en él?
Per l'Horta denuncia que esperaban hacer caja con la reclasificación de los terrenos en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del consistorio de Valencia, hasta 2015 dirigido por el Partido Popular. De hecho, antes de las elecciones de ese año, el Ayuntamiento trató de aprobar un nuevo PGOU en que se reclasificaban estas tierras con celeridad. Finalmente, se paralizó y no salió adelante. Es un claro ejemplo de la deriva que estaba sufriendo l'Horta valenciana.
La nueva ley de l'Horta
Hecha la fotografía, intentamos resolver todo este lodazal. Desde AVA piden “política de Estado”, un Plan Agrario consensuado que se mantenga estable “gobierne quién gobierne”. Las instituciones valencianas han hecho marcha y han empezado a elaborar una ley para proteger, recuperar y dinamizar el que se considera un paisaje “seriamente amenazado de desaparición por la presión de la actividad urbanística, las infraestructuras de movilidad y la crisis misma y abandono de la actividad agraria”.
María José Salvador Rubert, consellera de Vivienda en les Corts
La recuperación de terrenos abandonados y el relevo generacional son dos de los pilares. La AVA y la Unió recuerdan el intento de Plan Agrario de 2001 y celebran que se retome el debate. Así, una nueva norma se debatirá en la comisión de las Cortes la próxima semana, para finalmente votarse en el pleno.
Pero esta norma, como tantas otras, no ha sido exenta de polémica. O cómo dicen en la Unió de Llauradors: “La ley es buena, pero mejorable”. “Si se enfoca bien, la ley puede cambiar las cosas”, opinan en la *AVA. Las asociaciones de agricultores y labriegos más representativas han presentado enmiendas a este proyecto y se han reunido con los grupos parlamentarios. Y aun así, todavía hay disquisiciones sobre varios puntos de la norma. Todas ellas coinciden en la voluntad de mejorarla, pero algunas críticas son más profundas que otras.
La norma nace con tres patas: el Plan de Acción Territorial, adscrito y elaborado por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas; el Plan Agrario, de la Conselleria de Agricultura; y la creación de un Ente Gestor que pretende coordinar las acciones, también dependiente de Agricultura. Y la crítica más radical —en cuanto al hecho que ataca la raíz misma de la ley— se refiere a quien ha presentado el primer borrador: Vivienda. Como una Conselleria que no es la de Agricultura puede entender mínimamente cuáles son las necesidades de quienes labran la tierra? Es la pregunta que se hacen las asociaciones. “No tienen ni idea”, cree Cristóbal. Desde el PSPV, el diputado Rafa Briet trata de quitarle hierro: “Esto no es cierto al 100%, Agricultura ha participado en la ley”.
Otra batalla: AVA denuncia que la norma habla en futuro. Es un paraguas, pero no desarrolla ni el Plan Agrario, ni el Plan de Acción Territorial, que se aprobarán más tarde y que todavía están en proceso de elaboración en las respectivas consellerias. “Es una norma a medias”, dicen, y exigen que ambos proyectos se aprueben simultáneamente, puesto que no se puede tener en cuenta “sólo el paisaje”, sino también a los “agricultores, quienes hacen posible ese paisaje”.
Pero quizás lo que más revuelo ha provocado, ha sido el artículo 32. Ante el enorme problema de las tierras abandonadas o sin cultivar, el Botànic tiene una solución última: “la expropiación del uso” en caso de que se incumpla la “función social” que implica la actividad agraria en l'Horta. Es decir, si un suelo se declara infrautilizado, la Conselleria pondrá en marcha un “arrendamiento forzoso” a una tercera persona que se dedique a la actividad agraria o su cesión al Ente Gestor.
La oposición lo ve una medida “confiscatoria”, e indica que lo que hace falta es “dar incentivos a esas tierras”, en palabras de María José García (Ciudadanos). Postura que entronca con la de las principales asociaciones agrarias, que creen que no se tiene que llegar a esta medida coercitiva.
[caption id="" align="alignright" width="681"]
Graciela Ferrer, diputada de Cormpomís en les Corts | Compromís[/caption]
Los partidos que forman el Gobierno valenciano recuerdan que esta decisión sería la última en tomarse y que antes hay toda una serie de alternativas. “No es automática”, asegura Graciela Ferrer, diputada de Compromís en les Corts Valencianes. “¿Para qué quiere una Administración pública expropiar tierra? Para la misma Administración es un problema”, aclara. Por eso, pide tranquilidad: “ha habido uno malentendido, no sé si con más o menos intención”, apunta sobre la oposición.
Podem se desmarca y pide inteligencia a la regulación. Antonio Montiel, diputado de la formación morada argumenta que “hay que estimular que la tierra se trabaje y no convertir a la Administración en un gran propietario de tierras”. Y sentencia: “Intentaremos matizarlo en el debate de las enmiendas”.
Y voilà. El pacto ha llegado. Este mismo jueves, la AVA lo confirmaba: hay acuerdo con los grupos. Se mantendrá el artículo, pero suavizado. No se aplicará en aquellas tierras que demuestran que no pueden ser rentables a pesar de haberlo intentado.
Otras controversias han surgido en torno al que sería el nuevo Ente Gestor, y en especial, sobre la financiación que todas las medidas que establece la ley necesitaría. En cuanto al primero, los agricultores muestran su preocupación por la composición del consorcio, quieren ser “los protagonistas”. La ley prevé que estén representadas las asociaciones, universidades, ayuntamientos y la Conselleria de Agricultura. Aun así, su composición dependerá de los estatutos del mismo consorcio, que tendrá que confeccionar la Conselleria. Y aquí concretamente rae el miedo de los agricultores, que también critican que la nueva regulación no concrete ninguna financiación. El presidente de la Unió de Llauradors lo dice claro: “queremos un presupuesto para que se pueda desarrollar la ley”. En el Botànic aclaran que el Ente Gestor está facultado para tener capacidad financiera, pero no ofrecen respuesta a este punto.
'Ens quedem sense mans'
El portal del Ayuntamiento de València 'Sense mans'El Ayuntamiento de València no ha querido quedarse atrás y también ha puesto su granito de arena. Su campaña 'Ens estem quedant sense mans' pretende dar a conocer los mecanismos del Plan de Actividad Agraria para revitalizar el territorio agrícola periurbano y también concienciar sobre "la potencialidad que tiene l'Horta", según la concejala de Agricultura, Horta i Pobles, Consol Castillo. A través de su página web describen varias líneas de actuación: favorecer el relevo generacional, mejorar la rentabilidad, promocionar la actividad agraria responsable o la gobernanza del sistema alimentario municipal, son algunas de ellas.
Para ello, el proyecto cuenta con diversas actuaciones en marcha. Por ejemplo, un banco de tierras que pone en contacto a propietarios de tierras en desuso con aquellas interesadas en dedicarse a la actividad agraria. Además, por un lado se ha creado el Observatorio Ciudadano de l'Horta para conocer las necesidades del territorio y poner en marcha soluciones, y por otra parte, una incubadora de startups agrícolas, entre un gran abanico de actuaciones directas.
Atardecer en l'Horta | Pablo Plaza
Una instantánea clara y evidente. Pero distintas maneras de abordarla. L'Horta necesita un impulso para dejar atrás años y años de procrastinación y política de amistades en la Administración pública. Los trabajadores del campo necesitan vivir con unas rentas dignas y sólo así se podrá preservar el paraje. Y es necesario recordar que la UNESCO acordó declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el Tribunal de las Aguas , en una declaración de 2009 en la cual instaba a la Generalitat Valenciana a proteger el territorio de jurisdicción del tribunal.
Existe la posibilidad, existen los medios y únicamente nos falta la palabra y el sentido común. En la AVA admiten que, mientras que inicialmente hubo duros enfrentamientos, ahora se nota otro ambiente con los grupos parlamentarios y con la Generalitat, en un “intento de reconducción” del debate. Así pues, la próxima semana conoceremos el dictamen de la comisión, y después, previsiblemente, saldrá adelante una enorme oportunidad para salvar l'Horta.