Indignación y rechazo al nuevo castigo del TSJCV al valenciano en la administración

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Fachada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)

  • Ferri: “El PPCV va contra el uso del valenciano en la vida cotidiana”
  • La Generalitat estudia recurrir la anulación de parte del decreto que prioriza el valenciano en la administración

La última decisión del TSJCV de anular 11 artículos del decreto de uso de valenciano en la administración pública ha supuesto un huracán de apoyos por parte de entidades de todos los ámbitos en defensa del valenciano. El nuevo recurso que presentaron dos diputados del PPCV ha vuelto a situar al grupo popular en una situación bien alejada de la igualdad de las dos lenguas oficiales.

Según el TSJ, el valenciano no puede ser la lengua propia, primera o preferente de la administración valenciana y, por lo tanto que la atención a la ciudadanía, la notificación de expedientes, etc., la Generalitat no puede realizarla en valenciano exclusivamente, ni siquiera en el momento inicial de la atención. Esta anulación parcial clama al cielo cuando el valenciano es co-oficial y además la lengua propia de la Comunitat Valenciana.

La Plataforma per la Llengua considera muy grave la reiterada interferencia política del poder judicial en las políticas de normalización lingüística y celebra que la Generalitat Valenciana haya anunciado que estudia de presentar un recurso contra la sentencia. Aun así, insta al Consell a encontrar los mecanismos legales y jurídicos para mantener intactos los derechos lingüísticos de los valencianos entretanto.

'Acción Cultural del País Valencià ve con alarma la pretensión de un sector significativo del poder judicial de cuestionar la soberanía popular representada por las Cortes Valencianas y el Consell'

Por su parte, desde Acción Cultural del País Valencià ve con alarma la pretensión de un sector significativo del poder judicial de cuestionar la soberanía popular representada por las Cortes Valencianas y el Consell y de corregir sus legítimas y democráticas decisiones, alterando el frágil equilibrio de la división de poder que caracteriza una democracia avanzada. Asimismo, rechaza frontalmente la postura del TSJ, porque se posiciona junto con el PP en la decisión de impedir la dignificación del valenciano como lengua propia del pueblo valenciano y pretende mantenerla en el estatus de lengua secundaria.

'Intersindical Valenciana estudia la posibilidad de recurrirla y tacha la decisión de fuerte componente político'

Intersindical Valenciana ha anunciado este miércoles que ha "puesto en manos de sus servicios jurídicos" la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que anula varios artículos del decreto que prioriza el uso del valenciano en la administración pública autonómica, para "estudiar la posibilidad de recurrirla". El sindicato, que ha defendido jurídicamente ante los tribunales la legalidad del decreto de la Generalitat, ha tachado de "político el pronunciamiento del tribunal" y ha manifestado que "discrepa de manera rotunda y no comparte la sentencia del TSJCV".

Para Intersindical, la decisión judicial tiene un "fuerte componente político", "como ha pasado en otras ocasiones con el decreto de plurilingüismo y otras muchas normas que afectan al uso o la enseñanza del valenciano".

APOYO SOCIAL A LA GESTIÓN DEL CONSELLER MARZÀ

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha pedido reunirse con el conseller de Educación, Vicent Marzà, y con el secretario autonómico de esta área, Miguel Soler, con el fin de "valorar y coordinar posibles acciones relativas a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obligan a la administración devolver el concierto a determinadas aulas concertadas de niveles postobligatorios".

En este sentido, la Plataforma tiene previsto solicitar "la convocatoria de una comisión para hacer el seguimiento de la revisión de los conciertos con participación de los agentes sociales".

También reclama, a los servicios de la Conselleria, "un estudio jurídico que permita valorar la posibilidad de coordinarnos en posibles acciones judiciales y saber cuál es la base legal en la que se basan las sentencias para poder orientar la acción sindical y jurídica".

Sin duda, desde muchos ámbitos se quiere vivir plenamente en valenciano y en estos momentos se abre un periodo de reflexión para estudiar las diferentes acciones legales para poner el valenciano en el lugar donde le corresponde.

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