La portavoz de Justicia del PP en Les Corts, Mª José Ferrer San-Segundo, ha afirmado que la sentencia no firme que ha emitido la sección cuarta del TSJCV, en la que anula varios artículos del decreto que prioriza el uso del valenciano en la administración pública autonómica, "desmonta una nueva ilegalidad del Botànic gracias al recurso del PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales". Ha recordado que su partido ya advirtió de las "ilegalidades" con alegaciones al trámite de información pública, "pero no hicieron caso".
Así lo ha afirmado en un comunicado, después de conocerse este miércoles que el alto tribunal ha dejado sin efecto 11 artículos y una disposición final del Decreto 61/2017 que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.
Para la 'popular', "el decreto declarado ilegal, junto a otros del 'pack inmersión', pretendía copiar la hoja de ruta del nacionalismo catalán, que allí solo ha traído división y enfrentamiento", además de que "el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones".
San-Segundo ha reiterado que ya advirtieron en su día de estas "ilegalidades, incluso en el trámite de información pública" y que no les "hicieron caso y siguieron adelante con una norma manifiestamente ilegal". Ha puesto como ejemplo que "afecta a cuestiones como la notificación de trámites administrativos, la comunicación entre empleados públicos, rotulación, publicidad institucional o contratación con proveedores".
"Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra --'president' y vicepresidenta del Consell-- actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a derecho", ha aseverado.
Ha lamentado así que "la política del Consell sea arbitraria e ilegal, como ha decretado en varias ocasiones el TSJCV", pero ha afirmado que el PPCV se congratula de que "una vez más, la 'desmonte'" y su trabajo "dé resultado".
Respecto a la resolución, la diputada ha precisado que "lo que manifiesta es que el valenciano debe fomentarse, pero sin excluir ni marginar al castellano que es también lengua cooficial". "Ha sido el PPCV quien ha conseguido, una vez más, y gracias a este recurso, que se declare la ilegalidad de este decreto", ha insistido.
"NO NOS VAN A CALLAR"
Y ha enfatizado: "No nos van a callar, no vamos a dejar de trabajar y vamos a seguir apoyando a tantas personas que nos piden que actuemos contra normas excluyentes y sectarias que no dan los mismos derechos e igualdad a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, residan donde residan y sea cual sea su mayor competencia lingüística".En esta línea, ha asegurado que "el PP va a estar siempre dando la cara en sede parlamentaria, por escrito y mediante recursos a los tribunales si hace falta, siempre que observemos atisbos de ilegalidad y se cercene la libertad, las normas y la convivencia pacífica del pueblo valenciano". "Estaban advertidos por nosotros y también por el CJC (Consell Jurídic Consultiu)", ha resaltado.
CONSECUENCIAS EN OTRAS NORMAS
De cara al futuro, el PP cree que la sentencia "también puede afectar a posteriores normas que prepara el Consell, como el requisito lingüístico en la nueva Ley de Función Pública, al indicar que no todos los empleados públicos tienen la obligación legal de conocer el valenciano, y menos de expresarse con plena competencia por escrito".En concreto, el recurso de los 'populares' a este decreto se fundamentaba en la "marginación del castellano" que supone, un "ataque innecesario" a esta lengua para defender el valenciano, ya que entendían que "en la mitad de los artículos, el valenciano no se preveía solo como preferente, sino como excluyente".
El PPCV también denunció que "el Consell pone al mismo nivel la cooficialidad y el ámbito lingüístico común con territorios como Cataluña y Baleares, cuando el segundo concepto es extrajurídico", y consideró que se incluyó "con clara intención política".
En conjunto, la formación lo recurrió al ver parte de su articulado "ilegal, discriminatorio y falto de consenso". "Si así se ha declarado por el TSJ, quien se equivoca no es quien presenta recursos contra normas ilegales, sino quien las dicta, en este caso el Consell del Botànic, que va de varapalo en varapalo judicial", ha remachado la portavoz de Justicia.