La diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha destacado en el Día Mundial de la Justicia Social, que la Delegación que gestiona está “implementando los objetivos de gobierno de la Diputación en materia de justicia social” a través de las nuevas ayudas al sostenimiento de los Servicios Sociales Generales, cuyas bases y convocatoria única se aprobarán en la Junta de Gobierno que celebra mañana el ente provincial.
“Ponemos las bases de un modelo que avanza en justicia social y que apuesta por las políticas de prevención, de manera que las ayudas no se limiten a cuantías reducidas cuando hacen falta con mucha urgencia sino que se detecten los problemas antes de que sean más graves”, ha explicado la diputada.
Este año, las ayudas presentan la novedad de estar unificadas en una sola convocatoria de subvención con el fin de reducir la burocracia administrativa para los solicitantes.
“En lugar de ofrecer muchas ayudas de pequeñas cuantías, que sumían a los trabajadores sociales en trámites burocráticos, ahora convocamos una sola subvención que tendrá diferentes conceptos: pobreza energética, necesidades alimentarias, y todo lo que es necesario sacar adelante desde los servicios sociales de base en los municipios de menos de 10.000 habitantes”, ha desgranado Pérez Garijo.
Además, las nuevas ayudas abren la puerta a la contratación de nuevos profesionales –una inversión que la Diputación asume al 100% por primera vez– para que los Ayuntamientos tengan la posibilidad de conformar equipos de atención social primaria.
A pesar del ajuste de 15 millones de euros en el presupuesto global de la Corporación para 2017 debido al recorte de las aportaciones del Estado, Pérez Garijo ha reivindicado el incremento de 3 millones en la partida de ayudas a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes para servicios sociales básicos como una “apuesta clara por la justicia social, que sienta las bases de un nuevo modelo”.
“En la Diputación de Valencia heredamos una gestión de servicios sociales basada fundamentalmente en el asistencialismo, que desde el principio de la legislatura hemos trabajado por cambiar”, ha aseverado.
Para la diputada, esta nueva subvención representa un “cambio de rumbo respecto al modelo de servicios sociales caracterizado por la privatización de los servicios públicos, la utilización de criterios políticos en el reparto de las ayudas, la falta de participación de los profesionales en la toma de decisiones y la ausencia total de coordinación con la Generalitat”.
Nuevo modelo de servicios sociales
“Nuestro trabajo político está enfocado a ser un agente de primer orden en la consecución de un nuevo modelo de servicios sociales, basado en el principio de justicia social”, ha subrayado Pérez Garijo. “Pretendemos revertir el modelo neoliberal y apostamos por el desarrollo y fortalecimiento de los servicios sociales públicos, partiendo de los principios de normalización, accesibilidad universal y no discriminación”.Entre los objetivos del nuevo modelo de servicios sociales que impulsa la Corporación se encuentra la atención a la prevención y las causas de la exclusión social, así como la intervención comunitaria “frente a una gestión mayoritariamente burocrática de ayudas meramente paliativas”, ha opinado la diputada.
Otra de las claves es la coordinación política e interadministrativa con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “para conseguir una ordenación y mapificación de los servicios sociales en nuestro territorio, basada en la planificación y la evaluación”, características de las que “carecía el modelo asistencial del Partido Popular”, apunta Pérez Garijo.
Para la Delegación de Inclusión Social, el municipalismo “en su vertiente política, y también entendido desde el compromiso de la Diputación con la cooperación técnica y económica de los Ayuntamientos de la provincia” es el eje de estos objetivos.
“Es importante tener en cuenta que los servicios sociales son el único sistema de bienestar donde la administración local ejerce amplias competencias y, por tanto, la armonización entre las Entidades Locales y la Comunidad Autónoma es fundamental”, ha razonado la diputada.
Y, en esta línea, “hace falta escuchar, valorar y respetar a los y las profesionales, que han de ser los agentes centrales del nuevo modelo”, caracterizado en última instancia por la “máxima transparencia y participación”, concluye.
Criterios objetivos
La subvención se basa en el modelo social básico, establecido por la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas, y según la Delegación de inclusión Social es una “apuesta institucional de gobiernos” que colaboran para reconocer a los profesionales y entidades locales preocupados “por prevenir la exclusión social, que los indicadores apuntan que está desbocada”.Los criterios de adjudicación de las ayudas priorizarán el refuerzo de los equipos sociales de base y tendrán en cuenta el presupuesto que la entidad local dedica a los servicios sociales, así como el nivel de ejecución y la evaluación de cada programa en ejercicios anteriores.
Asimismo, se valorarán las necesidades objetivas de los municipios en relación a su problemática social, que se cuantifica en indicadores como la dispersión poblacional, las dificultades en la movilidad y las comunicaciones, el retroceso demográfico, el envejecimiento y el riesgo de exclusión, entre otros.