Aunque estos días el tema estrella de la actualidad política es el llamado “problema catalán”, los valencianos y valencianas asistimos desde hace algunos años a nuestro propio ‘problema’. Un problema que quizá parezca a algunos más prosaico o insustancial que el de nuestros vecinos, porque en su superficie se centra en una reivindicación económica por la cual el ministro Montoro llegó a acusarnos de “llorar”, pero que encierra en su interior una discriminación real, objetivable y cuantificable de los derechos de los ciudadanos que residimos en la Comunitat Valenciana respecto a los del resto de España.
Ya hablo de discriminación de derechos porque, como consecuencia de la insuficiente financiación que recibimos, los valencianos y valencianas contamos con menos dinero para atender aquellos servicios que son competencia propia del gobierno autonómico y por tanto la Generalitat Valenciana se ve obligada a concentrar su gasto en Sanidad, Educación y Políticas Sociales (aunque ni con ello llegamos a alcanzar la media de las autonomías de régimen común) mientras el resto de competencias como son el impulso de la política industrial y de políticas activas de empleo o la creación y mantenimiento de infraestructuras, padecen la falta de recursos.
Y es que la financiación autonómica es la piedra angular del autogobierno, aquella sin la cual cualquier autonomía ve coartada su capacidad de gestionar y llevar a cabo aquello que la Constitución y sus Estatutos le encomiendan y cuyas principales atribuciones constituyen la base del Estado del Bienestar.
Por tanto, no se puede acusar de llorar a quien únicamente reivindica una financiación justa, fruto de una participación proporcional en los ingresos del Estado, que no del Gobierno central. Tampoco se puede acusar de llorar a quien exige que se aplique una mejora del actual sistema simplemente porque el actual fuera realizado en 2009 bajo un gobierno socialista, pues recordemos que ya el sistema de 2009 supuso una notable mejora respecto al anterior (y de hecho la valenciana fue la segunda autonomía que más mejoró) y ahora lo que se reclama es que se aplique la revisión quinquenal que en su día se acordó y que lleva demorada, sin motivo, 4 años.
Pero es que la discriminación que sufrimos los valencianos y valencianas no se acaba ahí, pues a la insuficiente e injusta financiación se añade el ninguneo flagrante del Gobierno Central en los Presupuestos Generales del Estado que nos sitúa, año tras año, a la cola en la inversión media por ciudadano hasta llevarnos este año al último lugar, con tan solo 120 euros por habitante cuando la media se sitúa en torno a los 190. La cifra no debe resultarnos extraña cuando 2017 ha sido precisamente el año que menos dinero ha destinado el Gobierno a la Comunitat (589 millones de euros frente a los 2.352 millones que se llegaron a invertir en 2008).
Y en esto tampoco vale escudarse en la crisis ni argumentos similares, pues debemos recordar que el gobierno de Rajoy no sólo se jacta de estar en la “senda de la recuperación” sino que cuando ha querido sí ha tenido recursos para cuestiones como rescatar bancos y autopistas de peaje, rebajar impuestos a rentas altas y a grandes empresas, eximir del pago de impuestos a quienes habían defraudado durante años (mediante una amnistía fiscal inconstitucional, todo hay que decirlo).
En síntesis, el problema valenciano se resume en que la Generalitat Valenciana cuenta con menos recursos que el resto de gobiernos autonómicos para prestar los servicios que le son propios y en que el Estado invierte en nuestra Comunitat mucho menos que en otras autonomías, colocando a los valencianos y las valencianas en una situación de inferioridad manifiesta respecto al resto de españoles.
Dicho de otra manera: para el Gobierno del señor Rajoy, los valencianos y las valencianas simplemente no contamos, y no lo digo yo, lo dicen sus cuentas. Por eso, no vamos a parar hasta conseguir lo que es justo, lo que nos corresponde, sumándonos al movimiento encabezado por el President Ximo Puig y secundado por toda la sociedad valenciana y llevando a cabo cuantas acciones hagan falta.
Por Pablo Seguí Granero, Diputado de Carreteras e Infraestructuras de la Diputación de Valencia