La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que desde la Comunitat Valenciana se ha favorecido un acuerdo de mínimos que permita cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los programas del 0,7 por ciento del IRPF destinados a acción social, y que establece que el reparto de estos fondos es competencia de las autonomías.
Oltra ha participado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, donde el representante del Gobierno central había llevado una propuesta única de real decreto para regular esta cuestión, y que a juicio de la vicepresidenta carecía de concreción y que no garantizaba la "seguridad jurídica" de las entidades del tercer sector.
Tras afirmar que los representantes de las distintas autonomías se han sentido "insultados" al inicio de la reunión por el texto presentado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha explicado que se ha trabajado por llegar a un "acuerdo de mínimos" que permita empezar a trabajar y lograr una propuesta más concreta en el mes de mayo.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, que ha leído el acuerdo manuscrito que ella misma y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, han redactado en el trascurso de la reunión, ha incidido en que éste es un "acuerdo de mínimos", por el que se establece que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, el modelo de gestión del 0,7 por ciento del IRPF será un modelo mixto, con el Estado y las comunidades autónomas.
La concreción de este modelo, ha explicado, se elaborará en la comisión delegada que se convocará en un máximo de 8 días y en mayo se reunirá de nuevo el consejo territorial para aprobar el texto normativo que la comisión delegada haya elaborado, y finalmente se creará un grupo de trabajo para perfilar el modelo a partir del año 18, que tendrá un carácter "más definitivo".
Oltra ha señalado que la reunión de este miércoles, además de favorecer un acuerdo que permita el cumplimiento de una sentencia judicial, también ha servido para que el Gobierno de España haya aprendido "una gran lección, y es que, en democracia, más vale un acuerdo unánime de mínimos, que una votación con la mayoría de las comunidades autónomas en contra".
Este principio, ha indicado, es todavía más importante si se tiene en cuenta que las autonomías tienen "competencia exclusiva en servicios sociales" y que hay una sentencia judicial que establece que por ese motivo la gestión del IRPF destinado a entidades del tercer sector también es tarea de las comunidades, y ha añadido que el Gobierno no puede olvidar que estas también "son Estado".
La vicepresidenta ha incidido en que la propuesta de real decreto que han presentado desde el Ministerio carecía de concreción y no se había consensuado previamente con las comunidades autónomas, y ha acusado al Gobierno de querer imponer "a sangre y fuego un modelo" que carecía de acuerdo.
"Creo que es una lección importante la que ha aprendido hoy el Gobierno de España, y es que en un escenario poliédrico, de diferentes gobiernos y sensibilidades conviene llegar a acuerdos y no imponer un criterio desde la centralidad", ha manifestado y ha celebrado que finalmente se haya logrado que triunfara "el diálogo, y que se aprenda que las cosas ya no funcionan imponiendo al resto un criterio único".
Oltra ha advertido que en las comisiones que se van a constituir para trabajar en la elaboración de un modelo mixto de gestión, el Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Hacienda, estudiará las cifras referentes a los distintos tramos del IRPF, y no se aceptará "nada que haga de menos a las comunidades autónomas, porque las competencias sociales en este ámbito son exclusivas de ellas".