La nueva Ley del Taxi entró en vigor a principios de noviembre del año pasado tras ser aprobada en les Corts Valencianes. No obstante, lo hizo sin la conformidad de las asociaciones de taxistas y con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Ahora, el Gobierno ha convocado la comisión bilateral con la Generalitat para resolver las discrepancias existentes entorno a la norma, ya que considera que podría ser inconstitucional.
Lo aseguró ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, tras una reunión con la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat y con la Asociación Gremial del Taxi de Valencia y Provincia. A ella, también asistieron la líder del PP en les Corts, Isabel Bonig, y el diputado de la formación Alfredo Castelló.
Según el delegado, "el Gobierno considera que algunos artículos pueden incurrir en extralimitación competencial y son contrarios a la ley de garantía de unidad de mercado, así como a la normativa europea". Moragues aclaró que esta regulación establece que sólo las personas físicas podrán ser titulares de autorizaciones del servicio de taxi y que no podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes. Asimismo, establece la obligatoriedad de tener domicilio social y fiscal y sede física en la Comunitat Valenciana.
Por ello, aseguró que los anteriores preceptos "suponen una restricción de derecho a la libertad de empresa y en el acceso a una actividad económica" y recordó que esta actividad ya se encuentra "sometida a la normativa de protección del consumidor".