El frío se ha asentado en la Comunitat Valenciana. La semana pasada los termómetros se desplomaron y las temperaturas alcanzaron los 9 grados bajo cero. Fueron registrados en Ademuz a primeras horas de la mañana. Jalance y Utiel también alcanzaron mínimas, entre los -6ºC y los -7ºC. Ante esta situación, ponemos en marcha nuestra calefacción. Pero no en todos los hogares pueden permitírselo. Sufren la llamada pobreza energética.
Se calcula que el 11% de la población española no puede mantener una temperatura adecuada en sus hogares, en términos absolutos son más de 5 millones de personas. Y los porcentajes se disparan hasta el 23% en el caso de la provincia de València. En la ciudad de València también casi una de cada cuatro personas se encuentran en esta situación, según un estudio de la Universitat Politècnica de València. Algirós, els Pobles del Nord y de l'Oest sufren las cifras más acusadas.
La pobreza energética no implica solo hacer frente a la ola de frío con una manta. Al fin y al cabo, la pobreza energética va más allá. "Como es un gasto prioritario, a menudo tienen que decidir de qué se privan para poder pagarla e incluso dejan de pagar otros servicios básicos como el agua o el alquiler", cuenta el estudio. Cambios en la alimentación, en las rutinas de estudio, pasar menos tiempo en casa o tener que ducharse en casa de algún familiar. Son algunas de las consecuencias que las víctimas de la pobreza energética relatan.
¿Cómo se llega a la pobreza energética?
Una de las principales causas de este fenómeno es, sin duda, la pobreza estructural y el endeudamiento de las familias. "Cobro el subsidio: 426 euros. ¿Qué tengo que hacer?", explica una persona en esta situación. "Muchas veces toca ir a Caritas porque no llegas a fin de mes. A veces o comes o pagas la factura", cuenta otra.Este, el precio de la electricidad, es otro factor muy influyente. Y es que nos movemos entro los cinco primeros países de la Unión Europea con la luz más cara. A principios de año fuimos los terceros, luego los quintos y en verano, los primeros. El precio máximo se alcanzó el pasado 23 de octubre, cuando llegó a los 182,54 euros por megavatio hora. ¿Las razones? Entre otras se encuentran el carácter oligopolístico del mercado energético y la sequía que sufre nuestro territorio, que obliga a sustituir la energía hidráulica por otras más costosas.
Además, el informe citado anteriormente concluye que casi dos de cada tres vecinos de València "declaran conocer poco o no conocer por completo" los conceptos y apartados de la factura. Es decir, son, en términos técnicos, analfabetos energéticos.
Medidas contra la pobreza energética
En este contexto las instituciones han empezado a actuar. El Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha a principios de octubre un bono social eléctrico para suavizar los repuntes en el precio de la electricidad. Con un sistema de descuentos que asumirán las mismas compañías eléctricas y que alcanzará el 40% del recibo de la luz.
Les Corts Valencianes también aprobaron a principios de 2017 una ley de pobreza energética que recogía ayudas para garantizar "un acceso mínimo a un suministro de energía y agua que asegure una vida digna". Establecía que las suministradoras debían comunicar el impago de la factura a los servicios sociales para que estudiasen el caso, con sanciones de hasta 600.000 euros si cortaban el suministro previamente. No obstante, ha quedado en papel mojado, porque el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional parte de su articulado, y este admitió a trámite el recurso.
En el Ayuntamiento de València también han sufrido trabas a la hora de poner en marcha medidas similares. En el nuevo contrato de luz, introdujo cláusulas que obligaban a las eléctricas a avisar a los servicios sociales antes de cortar la luz, como en la ley aprobada en les Corts. Gas Natural y Endesa recurrieron las cláusulas y la justicia les dio la razón. Ahora, el Ayuntamiento prevé eliminar esas cláusulas, pero introducirá otros elementos de sostenibilidad.