La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, acompañada de la directora general de Justicia, María Àngels García, ha firmado un acuerdo con los representantes de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia dependientes de la Generalitat. El acuerdo beneficia a 4.600 empleados públicos repartidos en el personal de los cuerpos de médicos forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
El acuerdo tiene como objetivo principal la recuperación de los derechos sindicales menguados durante los últimos años, a fin de que los empleados públicos de este sector puedan recuperar el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo perdidas durante los últimos años sin perder de vista la actual situación presupuestaria y financiera de la Generalitat. El pacto ha sido rubricado por responsables de CSI·F, STAJ, CC.OO, Intersindical y UGT.
El acuerdo firmado nace de los compromisos adquiridos por el Consell en el Pacto de Legislatura que alcanzó este verano con los sindicatos de la Administración pública. En este documento se establecía que, si era necesario, se procedería a la negociación y revisión de las condiciones de acción sindical para que los representantes de los trabajadores pudieran llevar a cabo su función negociadora.
En el caso del personal de la Administración de Justicia adscrito a la Generalitat, la implantación del nuevo modelo organizativo de la Oficina Judicial en la Comunitat Valenciana implica una reorganización de las plantillas que exige un incremento de la actividad negociadora e informativa que deben realizar los representantes sindicales y cuyos detalles han sido recogidos en el acuerdo.