La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha adjudicado en Villena tres viviendas sociales del parque público de la Generalitat a personas con recursos muy limitados del municipio. Una de las familias había perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria.
A continuación, la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, ha mantenido una reunión con el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, y con el concejal de Bienestar Social, Jesús Hernández Francés, para analizar la situación del parque público de viviendas en esta localidad.
La conselleria ha invertido en los últimos meses más de 60.000 euros en la reparación de seis viviendas públicas en Villena. Este viernes se han adjudicado y se ha hecho entrega de las llaves de tres de estas viviendas, mientras que para las tres restantes se ha abierto el proceso de adjudicación, en el que colaboran los servicios sociales municipales.
En la reunión se ha hecho balance de la situación de los tres grupos de viviendas que EIGE dispone en el municipio y se ha decidido organizar próximamente una campaña informativa para el desarrollo de un Plan de Normalización en estos bloques.
Un plan que también será coordinado por ambas administraciones y que consistirá en hacer un seguimiento sobre la situación de las viviendas y de las circunstancias familiares y socioeconómicas de sus residentes. Además, se informará a los adjudicatarios sobre las medidas del Consell para facilitar el pago de sus rentas o cuotas de amortización, a través de bonificaciones o acuerdos de reconocimiento de deuda.
Asimismo, también se revisarán las ocupaciones ilegales existentes en viviendas sociales de Villena y se adoptarán las medidas oportunas. La postura de la conselleria en este tema es rotunda y se va a tener tolerancia cero con las ocupaciones ilegales recientes.
La ausencia de una política de vivienda del anterior Gobierno valenciano hace entender, aunque no justificar, la gran cantidad de ocupaciones ilegales en las viviendas sociales de la Generalitat en toda la Comunitat.
Ahora, al activar la política de vivienda, se ha puesto de manifiesto que la permisividad en las ocupaciones ilegales acarrean multitud de problemas: impiden realizar las reparaciones de esas viviendas para que cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad; impide adjudicarlas a las familias de la lista de espera a quienes les correspondería dada su situación socioeconómica y cumplen la legalidad y, además, ponen en riesgo al resto de los vecinos, ya que estas ocupaciones suelen ir acompañadas de enganches al fluido eléctrico sin ningún tipo de control técnico.