El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha manifestado este viernes en Peñíscola que la Generalitat debe seguir siendo la titular de la competencia para legislar en asuntos de derecho civil, como lo ha sido históricamente y como se prevé en el Estatuto de autonomía. Por eso ha hecho un llamamiento al PP valenciano para que convenzan a sus compañeros españoles de la necesidad de retirar los recursos planteados al Constitucional contra leyes valencianas que afectan a aspectos como el régimen económico matrimonial, la custodia compartida o la unión de parejas de hecho.
Navarrete ha manifestado su pesar por el hecho de que "se ignoran peticiones de los valencianos, que han sido defendidas de forma unánime desde decenas de ayuntamientos, colectivos científicos, profesionales y colegios de abogados, mientras con otras nacionalidades se hacen toda clase de concesiones, algo especialmente grave cuando el consenso existente en nuestro territorio es muy elevado".
El senador de Compromís ya reclamó en el Senado el año pasado que se respetara el derecho foral, en coherencia con lo defendido en las Cortes Valencianas. El Tribunal ha interpretado como "un exceso" de los valencianos con esta medida, al entender que invadía competencias estatales y desarrollaba normativa foral, cuando el Estatuto de Autonomía reformado, aprobado por el Congreso, otorga capacidad para legislar sobre la conservación, desarrollo y modificación del derecho Civil Foral valenciano.
Por ello Navarrete, instó de nuevo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al diálogo ya restablecer la competencia sobre el derecho privado para los valencianos y equipararnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses) y acabar así con la injusta discriminación que supusieron las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y la Ley de Uniones de Hecho y las que puedan venir.
El senador ha acabado pidiendo el encaje del desarrollo legislativo del derecho civil valenciano "y acabar con esta situación indigna hacia uno de los derechos más antiguos de Europa, como han reclamado ya cientos de ayuntamientos, diputaciones, instituciones académicas y otras de la sociedad civil", concluyó.