Diversos han sido los aspectos del legado que nos ha dejado la Transición Española, de la dictadura a la democracia actual y, diversos también, los efectos producidos por cada uno de los elementos del mencionado legado.
En el actual entorno político y social, en donde la corrupción ha llegado a cotas inimaginables de indignidad política, atropello a la ciudadanía y saqueo de las arcas públicas, en beneficio de varias cuadrillas de delincuentes de guante blanco, puede resultardesconcertante afirmar que la corrupción no es el problema fundamental de este país, sino solamente un efecto derivado de la articulación omnipresente y permanente de uno de los grandes legados del régimen totalitario anterior: la impunidad.
La impunidad se manifiesta, poderosamente, en un gran abanico de posibilidades: falta de transparencia, abuso de poder, manipulación de las instituciones por intereses partidistas, ataques a la separación de poderes del estado, etc., aportando, para aquellas personas que la disfrutan, una percepción, con visos de realidad, de que se puede hacer cualquier tipo de cosas sin que se tengan que asumir las consecuencias. Después, el resultado puede que no sea el esperado, y que el sistema judicial actúe en consecuencia, con mayor menor celeridad, dejándonos un panorama como el que tenemos en la situación actual, con un gran número de causas judiciales abiertas por corrupción y un buen número de personas encausadas.
Y es, precisamente, esa sensación de estar envuelto por el halo de la impunidad lo que permite que muchos representantes públicos tengan unas actividades irregulares y delictivas en lo que muchas personas entendemos como corrupción.
Esta impunidad estructural ha sido uno de los legados fundamentales de una transición que permitió que esta realidad continuara existiendo en forma parecida a como lo hacía durante la dictadura. Esta impunidad estructural ha creado un síndrome de habituación en la ciudadanía que provoca una visión contemplativa de lo que, con otra perspectiva más crítica, sería absolutamente intolerable en una democracia plena, como la que supuestamente tenemos.Acabar con la impunidad, como objetivo político y social básico, puede suponer un profundo cambio de valores en la sociedad, a través de un pacto para la educación, por supuesto, pero también trabajando por la calidad de las instituciones como mecanismo fundamental para conseguir este propósito. Lo complicado, en este caso, será promover un cambio de algo que es tan cotidiano y nos resulta tan familiar que no exista el grado de conciencia necesario para iniciar el proceso. Y si no, al tiempo.