El Ayuntamiento de Valencia exigirá al Estado que compense los posibles perjuicios económicos que pudieran afectar a las arcas municipales por aplicar la sentencia que el Tribunal Constitucional ha emitido sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como impuesto sobre plusvalías.
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha asegurado esta mañana que “el Ayuntamiento de Valencia, como todos los ayuntamientos de España, ha cumplido estrictamente la ley, tanto en la concepción del impuesto como en sus bases de ejecución”. “Por tanto –ha argumentado- no somos responsables de que se mantenga una legislación estatal que no sea constitucional”.
“Por tanto –ha anunciado- nosotros devolveremos lo que tengamos que devolver, si se da el caso, pero pediremos una compensación al Estado por mantener una ley no constitucional”. “Vamos a exigir que el Gobierno promueva las iniciativas legislativas para adaptar este impuesto a la realidad y a la Constitución; ya que no hemos de asumir una responsabilidad que no es nuestra”.
El concejal ha aclarado que la voluntad del Ayuntamiento de Valencia no es obviamente que los ciudadanos paguen la aplicación de una ley que no es constitucional en uno de sus aspectos, “pero evidentemente –ha afirmado- intentaremos recuperar del Estado el perjuicio presupuestario que nos pueda causar”.
Como es conocido, el Tribunal Constitucional dictó el pasado viernes una sentencia en la que declaraba inconstitucional una parte de las normas del citado impuesto. La sentencia se refería al caso concreto del régimen fiscal foral del territorio de Guipúzcoa, y se refiere a los casos de aplicación del impuesto en los que “no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos”. Tal como ha subrayado el concejal Vilar, “es fácilmente comprensible que la sentencia se acabe trasladando a la Ley de Haciendas Locales y afecte a todos los municipios del Estado”.
El concejal de Hacienda ha señalado que la sentencia “reafirma la constitucionalidad del impuesto, así como la fórmula de recaudación”, pero afecta directamente a uno de sus aspectos. Por eso, ha instado al Gobierno central a “efectuar de inmediato un cambio en la legislación estatal para adaptarla al fallo del Tribunal”.