La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, han anunciado la colaboración entre ambas instituciones en la construcción y equipamiento de centros destinados a personas con enfermedad mental e infancia en cuatro municipios de la provincia.
La vicepresidenta ha explicado que la Diputación de Valencia ha destinado alrededor de 6 millones de euros a la construcción y reforma de infraestructuras sociales en las localidades de Llíria, Sueca, Carcaixent y Paterna, respondiendo a criterios propuestos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que priorizan dos de los ámbitos más abandonados por la administración en los últimos años, "la salud mental y la infancia".
Oltra ha anunciado la construcción de un centro de recepción de niñas y niños en la antigua prisión de Llíria, propiedad del ayuntamiento que cede el inmueble para su rehabilitación y adaptación a este nuevo recurso. Tendrá un coste para la Diputación de Valencia de 900.000 euros y el equipamiento será financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dispondrá de 60 nuevas plazas de recepción de personas menores de edad.
Respecto a los recursos para personas con enfermedad mental, la vicepresidenta ha anunciado el inicio de la tercera fase de las obras de la residencia y centro de día especializado de Sueca, con un presupuesto estimado de 2'3 millones de euros y que contará con 60 nuevas plazas, 40 residenciales y 20 de día.
Otra de las infraestructuras subvencionadas va a ser la residencia para personas con enfermedad mental de Paterna, con un presupuesto de 1'6 millones y 24 nuevas plazas, y el CRIS (centro de rehabilitación e integración social) de Carcaixent con 90 plazas, cuya ejecución tiene una presupuesto de 800.000 euros.
Asimismo, la vicepresidenta ha señalado el interés de la diputación y la conselleria en la remodelación y rehabilitación del centro de Bétera para diseñar "un espacio para las personas con enfermedad mental adecuado a sus necesidades".
Oltra, que ha agradecido a la vicepresidenta de la diputación "lo fácil que ha sido" trabajar con esta institución, ha destacado que desde ambas instituciones y junto a los ayuntamientos "apostamos por el trabajo conjunto de las administraciones como una sola, poniendo en el centro a las personas para que la ciudadanía tenga los mismos derechos viva donde viva".
Ha incidido en que las infraestructuras en las que se va a invertir se han elegido a partir de criterios objetivos, porque "se ha acabado eso de priorizar según la amistad del alcalde de turno" y porque el objetivo prioritario es "crear y mantener una red pública en condiciones de prestar los servicios correspondientes".
En este sentido, la vicepresidenta ha mencionado la mapificación de recursos diseñada el pasado año por la conselleria "como una herramienta indispensable para conocer los recursos y las necesidades en la provincia", teniendo en cuentas listas de espera y estudios poblacionales que definan la existencia de una demanda real poblacional, porque lo que se pretende es "trabajar pensando en el ahora, pero también en el futuro".
Oltra ha reiterado la importancia de establecer una colaboración "fluida y normalizada" entre instituciones, porque es "de sentido común que las distintas administraciones colaboren entre ellas más allá de proyectos políticos para poder diseñar un plan de todo el territorio que atienda todas las necesidades presentes y futuras".
Por su parte, la vicepresidenta de la diputación ha explicado que desde el primer momento la corporación provincial ha apostado "por la colaboración entre administraciones de manera que actúen como una sola", y ha indicado que por ese motivo además de los cerca de 6 millones de euros que se van a destinar a la construcción de estas nuevas infraestructuras, se han presupuestado 3,1 para servicios sociales.
En este sentido, ha recordado que el presupuesto provincial para 2017 ha registrado un aumento de 2,7 millones de euros para atender a los servicios sociales de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, además de mantener la línea de colaboración iniciada el año pasado, por la cual se dotan con 400.000 euros las ayudas para combatir el empobrecimiento energético.
"Lo que presentamos es el resultado de la colaboración institucional, que es lo que debemos hacer las instituciones: trabajar para las personas y ponernos de acuerdo en quien hace qué, para que la ciudadanía tenga los mismos derechos, viva donde viva", ha afirmado, y ha incidido en que se han acabado "los tiempos en que las administraciones competían entre sí", ha concluido.