La comarca de l'Horta Sud recibirá un total de 591.394 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la Diputación de Valencia, el cual fue presentado el pasado mes de junio por parte de la Corporación provincial. Esta cantidad supone el incremento del 234% de la aportación de la Diputación en la comarca durante el período comprendido entre 2015 y 2017.
La inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social básica. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.
En el caso de l'Horta Sud supone una inyección de 152.388 euros para los vecinos y vecinas de Alcàsser, 49.678 euros para Beniparrell, 4.710 euros para Llocnou de la Corona y 181.742 para Massanassa. En el caso de Beniparrell y la mancomunidad Barrio del Cristo –con una cantidad de 202.876 euros–, las cifras son especialmente significativas puesto que no habían recibido ayudas de servicios sociales con anterioridad, que los situará en los niveles del resto de municipios.
Por programas, los 152.388 euros destinados en Alcàsser se dividirán en 62.634 para el reforzamiento del equipo técnico, 30.000 para prestaciones individualizadas, 13.660 para casos de pobreza energética, 32.094 para el programa de ayuda a domicilio, 4.000 para cooperación social y 10.000 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. En el caso de Beniparrell, se hará una inversión de 32.678 euros para el reforzamiento del equipo técnico, 3.000 para prestaciones individualizadas, 1.100 para casos de pobreza energética, 7.500 para el programa de ayuda a domicilio, 900 para los llamados clubes de convivencia y 1.000 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. Llocnou de la Corona recibirá 4.085 para el reforzamiento del equipo técnico, 375 para prestaciones individualizadas y 250 para casos de pobreza energética. Por último, Massanassa invertirá 89.634 euros para el reforzamiento del equipo técnico, 41.250 para prestaciones individualizadas, 16.558 para casos de pobreza energética, 26.250 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 para los llamados clubes de convivencia y 6.400 euros para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social.
En cuanto a la mancomunidad Barrio del Cristo, que se incluye este año en la resolución de la Diputación de forma excepcional, en virtud del acuerdo con la Conselleria, contará con 102.093 euros que serán distribuidos de la siguiente manera: 102.093 para el equipo social base, 2.450 para el centro social, 30.000 para prestaciones económicas individualizadas, 10.000 para reducir el empobrecimiento energético, 22.500 para el programa de ayuda a domicilio, 1.123 para los llamados clubes de convivencia y 34.710 para intervención para la prevención e inserción social.
Las cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.
El aumento de los equipos sociales de las mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más vulnerables”.
En cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.
Líneas de actuación
Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.
También se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.
La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que el objetivo es “consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una vida digna”.