En apenas año y medio de legislatura, los gobiernos progresistas vienen goleando al clientelismo que durante más de 20 años se ha sentado en el banquillo de esta Comunidad y de la mayor parte de sus municipios. Ahora, mientras los tribunales sientan en otro tipo de bancos a varias de las estrellas de ese modelo de pan y circo que ha exhibido esta tierra en el escaparate de la vergüenza, los herederos de esa envenenada hipoteca reputacional cierran filas para recuperar la confianza de una ciudadanía que se debate entre la indignación y el escepticismo.
Es el momento de pasar de las palabras a los hechos como mandamiento primero para revertir esa desafección de los ciudadanos con sus legítimos representantes públicos. Y en esas están tanto el gobierno autonómico que se sustenta en el Pacte del Botànic como el de la Diputación de Valencia, que han volteado la relación entre ambas instituciones para pasar de tirarse piedras, como sucedía en tiempos de Rus y Fabra, a subirse al mismo carro, el de la estrecha colaboración entre ‘palaus’.
Primero fue la comunión entre la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos para frenar la sangría económica en que se había convertido para las familias, pudientes y no pudientes, la compra de libros de texto cada mes de septiembre. Más tarde llegaron los acuerdos de colaboración en turismo, con la idea de aportar un valor añadido que desestacionalice los destinos; y en transportes, para mantener el servicio de líneas deficitarias, algunas muy demandadas por la población; y también en materia social, con más de 12 millones del presupuesto de la Diputación para el mantenimiento de colegios y la creación de cuatro centros sociales.
La goleada de los gobiernos progresistas al clientelismo se completa con un Fondo Valenciano de Cooperación Municipal que ya recogía el Estatuto de Autonomía y que nunca había superado la barrera de las nobles palabras. Lo que otros prometieron, endulzando los oídos de alcaldes y alcaldesas y regalando loas al municipalismo, lo han convertido en realidad el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de la Diputación, Jorge Rodríguez. Con hechos, con 41,2 millones de euros que los ayuntamientos podrán destinar a inversiones y/o gasto corriente.
La mayoría de edad del municipalismo no es posible sin una financiación adecuada, y así lo han entendido los presidentes de los ejecutivos autonómico y provincial. Y no sólo Puig y Rodríguez, paladines de sendos gobiernos de progreso; también Javier Moliner, que comanda la Diputación de Castellón bajo las siglas del PP. No será tan malo un Fondo que respeta y refuerza la autonomía de los alcaldes, se lo dice alguien que ha tenido el placer de serlo. Y lo mejor, en vistas de cómo va el juego, es que aún queda partido…
Pablo Seguí es portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Valencia y diputado de Carreteras e Infraestructuras