Ximo Puig en la sesión de control
La Generalitat se personará en el caso de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006. Así lo aprobará este viernes el Consell con el objetivo de que el dinero "vuelva a donde nunca tenía que haber salido", en palabras del president de la Generalitat, Ximo Puig.
Puig lo anunció ayer durante la sesión de control de les Corts, donde defendió que la sociedad valenciana desea "conocer toda la verdad" y que "se depuren todas las responsabilidades jurídicas y todas las responsabilidades políticas". En este sentido, Puig lamentó el daño ocasionado a la reputación de la Comunitat Valenciana por este caso, que calificó de "episodio lamentable", y destacó que el Consell "luchará permanentemente por dignificar las instituciones", así como para recuperar el dinero desviado.
Esta causa judicial salió a la luz el pasado 23 de febrero pero se lleva investigando desde 2016 como una pieza separada del caso Gürtel. Se encuentran imputados el expresident de la Generalitat, Francisco Camps; el expresident de les Corts, Juan Cotino, y el obispo auxiliar de València, Esteban Escudero; así como el ex vicepresidente del Consell, Víctor Camps o el secretario del arzobispado Antonio Corbí. Se les acusa de delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
Urinarios, mochilas y publicidad
Los gastos de esta visita, que se enmarcó en el V Encuentro Mundial de las Familias, suman un total de 22,2 millones de euros, dedicados a mochilas, urinarios y publicidad, entre otras cosas. Aunque sus organizadores han mantenido que todos los gastos se autofinanciaron, un informe de la propia Generalitat Valenciana alude a posibles "irregularidades" e "incumplimiento" de la Ley.
Fueron 7.000 sanitarios los que fueron instalados en la ciudad para los actos en julio de 2006. Si tenemos en cuenta que son varios centenares los que el consistorio de la ciudad sitúa en época de Fallas, es comprensible que la mayoría de esos miles de urinarios se quedaran sin utilizar. Pero eso sí, su alquiler, colocación y mantenimiento encargado a la compañía Acciona costó cerca de 3,1 millones de euros a las arcas de la Generalitat.