El alcalde de València, Joan Ribó, ha firmado hoy con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el convenio de colaboración interinstitucional para la formación de la Policía Local de València para prevenir y combatir los delitos de odio. Ribó ha defendido los valores de la democracia y ha alertado del “riesgo de fractura social” que comportan las actitudes de discriminación étnica, de género, religiosa, cultural, de orientación sexual y ante la diversidad.
“Que la aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) sea una realidad en nuestra sociedad comporta un importante riesgo de fractura social”, ha afirmado Ribó. “Este tipo de prejuicios y conductas discriminatorias conducen al odio y a actitudes violentas y delictivas que no podemos consentir: no tienen cabida en Valencia y, por ello, debemos atajarlas, prepararnos para plantar cara y defendernos de estos delitos con los valores que caracterizan a nuestra sociedad, como la libertad, la formación, la acción preventiva y el cumplimiento de la ley”. El alcalde ha defendido la responsabilidad de los poderes públicos “de contrarrestar y combatir” estos fenómenos de odio “y cualquier discriminación que tenga que ver con la identidad propia de las personas”.
Ribó ha subrayado la importancia de “conocer, tipificar, detectar y saber hacer frente a este tipo de delitos, una tarea –ha asegurado- en la que adquieren una relevancia especial las instituciones, a través de figuras como los agentes de igualdad, o los diferentes cuerpos y fuerzas policiales. Y también, por supuesto, las policías locales que, como en el caso de València, ya están siendo formadas contra un tipo de manifestaciones y conductos delictivas totalmente inadmisibles y perturbadoras de la convivencia en paz y libertad”.
El acto de la firma del acuerdo ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Josep Maria Àngel, y la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato. El convenio ha sido firmado con la Generalitat a través del IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública), con la finalidad de homologar el curso de formación en delitos de odio para los miembros de la Policía Local de València, en el marco del programa formativo TAHCLE de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). La Policía Local de València ha sido seleccionada por la propia OSCE para recibir esta formación.
Tras la rúbrica del documento, Joan Ribó ha asegurado que con ello, la Policía Local ha de recibir “una formación adecuada y de calidad que contribuirá decisivamente para que esta forma de delincuencia no gane terreno en la sociedad valenciana y reciba la respuesta policial adecuada”. “Ni la aporofobia, ni la xenofobia, ni la homofobia, ni muchas otras fobias que implican a rechazo o aversión al diferente son bien acogidas por la gran mayoría de valencianos y valencianas, ni pueden tener cabida entre nosotros. Ni los actos de violencia pueden quedar impunes. Porque estas conductas llevan a un odio sobre el que nada se puede construir”, ha concluido el primer edil.
En parecidos términos se ha expresado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha subrayado el carácter de València como ciudad “abierta, hospitalaria y solidaria: una ciudad de cultura, de paz y de libertad”. Puig ha afirmado que para la convivencia “es fundamental el asentamiento de los valores democráticos en la sociedad”, y ha defendido la labor de prevención y actuación de una policía democrática y moderna. “No todo está superado; por eso, la formación es fundamental”.
Por su parte, la consellera Mónica Oltra ha calificado la firma del acuerdo de “buena noticia, que representa un avance en el compromiso que los gobiernos han de tener en la defensa de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática”. Oltra ha denunciado que este tipo de delitos se ha extendido como efecto de la crisis económica y su gestión, al precarizar las relaciones laborales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y al favorecer un recorte de las libertades y los derechos, y ha alertado contra el peligro de “culpar de estos problemas a los otros”.