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Los propietarios de los terrenos que desaparecerán para continuar con el proyecto de ampliación de la V-21 ya han comenzado a recibir las notificaciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana para el levantamiento de actas previas a la expropiación de estos terrenos. Un proyecto que algunos han tildado de 'descabellado', ya que destruirá un 80% de huerta valenciana y que, a pesar de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es valenciano ha acelerado los trámites para que se lleve a cabo un proyecto de ampliación que no recibe el apoyo ni de los ciudadanos, ni de la corporación municipal.
Y es que, a pesar que el Ayuntamiento de Valencia se desplazó a Madrid para informar al nuevo ministro de un plan alternativo de ampliación, que lograría salvar un 60% de huerta, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, explicaba que Ábalos no se había mostrado receptivo a esta propuesta. Asimismo, añadía que 'aunque la Dirección General de Carreteras estaría dispuesta a realizar algún cambio puntual respecto a las expropiaciones que no forman parte de la zona de afección, el Gobierno Central mantiene una posición de enroque'. Aun así, Sarrià insistía en que 'vamos a continuar reivindicando, mientras no se inicien las obras, la necesidad de adecuar el proyecto al entorno paisajístico'.
Sin embargo, las expropiaciones siguen su curso, y la Demarcación de Carreteras ha convocado desde hoy, 23 de julio, y hasta el 26 de julio, a las personas y entidades afectadas, entre las que también se encuentran el Ayuntamiento de Alboraya y el de Valencia. En este acto, que tendrá lugar en la Junta Municipal de Distritos el 23 de julio, y en Alboraya el 24,25 y 26 de julio, los titulares de los bienes deberán aportar la documentación sobre la propiedad, y podrán ir acompañados, a su costa, de peritos y notario. Asimismo, se abrirá un periodo de alegaciones para rectificar posibles errores en la relación de bienes y derechos, así como para oponerse indicando los motivos.
Una decisión que el Ejecutivo Central ha llevado a cabo de manera unilateral, sin atender las reivindicaciones de los verdaderos afectados: Los vecinos que se quedan sin sus tierras, pero también toda la sociedad valenciana que pierde parte de su patrimonio y de su esencia, ya que también afectará a terrenos dedicados a la plantación de chufa y a construcciones rurales que serán derribadas.
La ampliación de la V-21 se ha adjudicado por 19,5 millones de euros, y consiste en la construcción de un tercer carril entre el Carraixet y Valencia. Este proyecto pretende terminar con la congestión de tráfico que se forma en este tramo de la autovía. Sin embargo, algunos expertos alertan de que no servirá para nada, ya que podría provocar el efecto llamada, por lo que, en unos años, la situación volvería a ser la misma.