Ximo Puig, el president de la Generalitat, aseguró ayer que se pondrá en marcha para buscar alianzas con otras comunidades autónomas para que, "de una vez por todas", se cumpla "lo acordado por la Conferencia de Presidentes". Es decir, para que se reemprenda la reforma del sistema de financiación autonómico.
Así se expresó el president después de otorgar el 'Premio a la Convivencia' de la Fundación Manuel Broseta a Societat Civil Catalana en el Palau de la Generalitat. El jefe del Consell considera que es "absolutamente irresponsable" que se aparque el nuevo modelo de financiación "de una manera unilateral" por el Gobierno central. Por eso, apuntó que es "fundamental" volver a la senda de la negociación porque, según él, "la mayoría" se encuentra en la misma situación.
De esta forma, se mostró dispuesto a crear un frente común y a trabajar "conjuntamente con los presidentes autonómicos y los grupos políticos los próximos días" para conseguir que "se cumpla con los ciudadanos".
Puig puso sobre la mesa la idea de que una reforma de la financiación es una cuestión de "democracia plena" y no de "políticos, grupos ni territorios". "Una democracia plena", aseveró, "implica un cumplimiento de la Constitución" en referencia a la igualdad entre ciudadanos y que "ahora no se está cumpliendo".
La demanda de un trato justo
Hay que recordar al respecto que el artículo 156 de la Constitución reza que "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera" y añade que han de hacerlo "con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles". Por eso, este artículo ha sido uno de los caballos de batalla de la Generalitat Valenciana a la hora de pedir un nuevo sistema de financiación que resuelva los problemas de infrafinanciación "sostenida" que sufre la Comunitat.El pasado 18 de noviembre, además, se produjo una masiva manifestación en favor de un trato justo para la Comunitat, en la que participaron numerosas asociaciones civiles y sociales, los sindicatos, la patronal valenciana y todos los partidos políticos excepto el PP, que lo consideró como un ataque al gobierno central.