El Pleno del Consell ha dado el visto bueno al convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad como consecuencia del desahucio de la vivienda familiar.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que "se trata de que las personas en situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad tengan una respuesta de las administraciones sensible y adecuada, porque la administración ha de estar al servicio de las personas".
De este modo, todos los organismos implicados colaborarán en la creación de un protocolo de actuación en aquellos supuestos que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago del alquiler, la autoridad judicial tenga conocimiento de una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social para los que sea necesaria la intervención de la red asistencial de la Generalitat.
En estos casos, el juez comunicará esta circunstancia a los servicios sociales autonómicos o al ayuntamiento de la localidad donde residan las personas afectadas para que reciban ayuda y, si se cumplen los requisitos, puedan ser beneficiados de un programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias en el parque público de viviendas de la Generalitat.
El convenio establece también que los ayuntamientos valencianos, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, participen en el intercambio de información referida a la estructura de los programas de asistencia social que cada uno disponga.
Contratación de 169 plazas asistenciales en centros de drogodependencias
Por otra parte, el Consell ha aprobado la contratación de 169 plazas asistenciales en centros de drogodependencias y otros trastornos adictivos por un valor estimado de 20.444.424 euros.
Del total de plazas asistenciales, 145 corresponden a centros de comunidades terapéuticas (CT), es decir, centros residenciales que tienen como función la deshabituación y rehabilitación de los enfermos drogodependientes o con otros trastornos adictivos, así como el aprendizaje de habilidades, actitudes y valores para su incorporación social.
Otras 12 plazas pertenecen a viviendas de apoyo al tratamiento (VAT), que son recursos residenciales donde se lleva a cabo un intervención psicosocial y educativa de apoyo al tratamiento durante todo el proceso de deshabituación del paciente.
Por último, las 12 plazas restantes se encuentran en viviendas de apoyo a la Incorporación social (VAIS), o recursos residenciales donde se realiza una intervención socio-educativa dirigida a apoyar el tratamiento en la fase de incorporación social o laboral.
En la presente convocatoria, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha introducido como novedad la contratación de plazas específicas para mujeres con una comunidad terapéutica y con dos viviendas de apoyo, en las que se priorizarán la entrada a mujeres víctimas de malos tratos, ya que entre las mujeres con adicciones, la incidencia de la violencia de genero triplica la media.
Finalmente, hay que resaltar que estas plazas asistenciales conllevan, además, la creación de 50 puestos de trabajo, en su mayoría a tiempo completo.
Integración sociolaboral de las personas con diversidad funcional
El Pleno del Consell ha autorizado al Servef la concesión de dos subvenciones por valor de más de 2,5 millones de euros para fomentar el empleo de personas con diversidad funcional. Se trata de la entidad Talento y Experiencia, que obtiene cerca de 1,5 millones de euros, y el Centro Especial de Empleo Dr. Scheneider, cuya subvención asciende a algo más de un millón de euros.
A este respecto, la vicepresidenta ha recalcado que "la integración socio laboral de estas personas es una prioridad del Consell, tanto en Centros Especiales de Empleo como en el resto de empresas".
Estas ayudas forman parte de un programa de subvenciones del Servef que pretende favorecer la integración sociolaboral de las personas con algún tipo de discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales. El montante total de estas ayudas es de de 19 millones de euros. Estas dos subvenciones, en concreto, han de ser aprobadas por el pleno del Consell al superar el millón de euros.
Estas ayudas posibilitarán subvencionar el 50% del Salario Mínimo Interprofesional de las personas con diversidad funcional contratadas en los CEE y permitirán apoyar el empleo de más de 7.000 trabajadores con discapacidad o diversidad funcional en la Comunitat Valenciana.