Sectarismo, incoherencia y colapso en la gestión han sido, y siguen siendo, las señas de identidad de los dos primeros años de gobierno cuatripartito en la Diputación de Valencia presidido por Jorge Rodríguez.
Hemos atravesado el ecuador de la legislatura y los (mal) llamados gobiernos del cambio han quedado retratados. Era falso que venían a rescatar personas, a mejorar los servicios públicos, a parar desahucios, a construir colegios o a trabajar por una mejor sanidad. Su única intención era poder controlar empresas públicas, agencias, fundaciones u observatorios donde colocar a los suyos y crear redes clientelares a través de las cuales expandir su radicalismo. No quieren mejorar la vida de los ciudadanos, sólo quieren el poder para perpetuarse en el poder.
Y el gobierno de la Diputación de Valencia no sólo no es ajeno a esta forma de actuar, sino que es un alumno aventajado y disciplinado al servicio de las órdenes que dicta Mónica Oltra desde su despacho de vicepresidenta del Consell, quien ha acabado por convertir a la institución en el ‘cajero autómático’ con el que el Consell financia sus políticas.
Una situación que explica el caos y la parálisis que vive hoy en día la corporación provincial. Caos y parálisis derivado también de las dificultades de los distintos grupos –PSOE, Compromís, EUPV y Podemos- para ponerse de acuerdo y establecer prioridades y por la propia incoherencia de los actuales gestores que reniegan de la institución que representan.
Tanto Jorge Rodríguez como especialmente Compromís han mostrado su desprecio por la Diputación y su intención de eliminarla y creemos que no se puede gestionar de manera correcta una institución en la que no crees.
Un colapso que ha llevado a casos como el retraso del pasado año en la puesta en marcha del plan de comedores sociales, la gestión del cierre del Teatro Escalante o la ejecución del Presupuesto de 2016, que ha dejado más de 110 millones de euros en los cajones sin gestionar.
Partidas en teoría enseñas de los nuevos gestores como transparencia, igualdad, cultura, bienestar social, medioambiente o igualdad suman graves incumplimientos de ejecución.
Mención aparte merece la parálisis que vive la empresa pública Divalterra, que tras los múltiples escándalos y los ceses de dos de sus tres gerentes en dos años, va a la deriva y sin capitán que la gobierne. Una incertidumbre que lastra el trabajo diario de sus 700 empleados por la desconfianza entre Rodríguez y sus socios de Compromís y su incapacidad para acordar el nombramiento de una cogerencia o establecer el modelo de gestión de la empresa provincial.
Hemos asistido a dos años con más sombras que luces en una gestión empañada por casos como el polémico nombramiento de Vicent Flor al frente del IAM, el trato de favor mediante subvenciones y la cesión de la plaza de toros a Acció Cultural del País Valencià o la contratación a dedo de las imprentas del pueblo de Xavier Rius.
La gestión del cuatripartito ha supuesto dos años perdidos para la provincia. Ahora, en los dos años que tenemos por delante,desde el Partido Popular, vamos a seguir trabajando para recuperar la confianza de los valencianos y ganar los municipios y la Diputación en 2019.
Mari Carmen Contelles LlopisPortavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia.