El Pleno del mes de junio ha aprobado una, en la que se incluye el respaldo a las diez propuestas planteadas por la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), a la que pertenece la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad de València, y a la petición para que el primer viernes de mayo sea declarado por la ONU, Día Mundial de los Centros históricos, con el lema: «Centros Históricos, la madre de las ciudades».
En el arranque de esta declaración se afirma que los centros históricos han sido desde sus inicios, «cuando se crearon alrededor de los primigenios mercados, el lugar de comercio y de libertad, y el mejor escaparate que representa a las ciudades. Los centros históricos son el contenedor de todo lo que acontece en la ciudad; donde se generan Ias ideas, donde desde su inicio se ubica el comercio, donde patrimonio y cultura conviven». Sin embargo, como a continuación se señala, «es cierto que, en ocasiones, se está produciendo un deterioro por el uso intensivo de estos espacios públicos sin que haya un retorno de Ios beneficios que en ellos se generan».
Antes de plantear el decálogo de propuestas, señala igualmente la declaración aprobada que «se está produciendo una paulatina y peligrosa tematización y turistificación de los mismos, además de una clonificación comercial y hostelera, con la consiguiente pérdida de identidad y, por tanto, de capacidad de atractivo».
En el primer punto se pide que «los gobiernos locales pongan énfasis en un desarrollo integrado de los centros históricos donde se busquen sinergias y coherencia entre las distintas ordenanzas que rigen las actuaciones en dichos espacios». En el segundo, «que se potencie Ia cooperación entre los distintos agentes que trabajan, viven, visitan o acuden a los centros históricos, en la búsqueda de un modelo de convivencia productiva», y en el tercero, «que se incentive el desarrollo de modelos innovadores de participación ciudadana real en la toma de las decisiones públicas que afecten a los centros históricos».
También se plantea que «se pongan los medios necesarios, públicos y privados, que posibiliten la captación de aquellas oportunidades urbanísticas, económicas, sociales y culturales que impulsen y modernicen estos espacios urbanos; que se disponga de la capacidad de afrontar los desafíos que se plantean en los centros históricos en cuanto a la preservación de sus singularidades arquitectónicas, culturales, comerciales y de ocio; la promoción del uso responsable del espacio público por parte de todos las personas; que se trabaje para mejorar el paradigma hacia la adopción de una nueva agenda, alineada con la aprobada por la ONU, que debe adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género».
DERECHOS HUMANOS
El pleno ha aprobado otras dos declaraciones institucionales que inicialmente habían sido presentadas como mociones y que están relacionadas con la defensa de los derechos humanos. En la primera de ellas, presentada por la concejala Neus Fábregas Santana, se ha reafirmado el compromiso de la corporación con los derechos humanos individuales y colectivos. Por esta razón, el Pleno ha realizado un especial llamamiento a los estados para el cumplimiento de todas sus responsabilidades en esa misma protección, y a los organismos públicos competentes que «deben articular los procedimientos sancionadores necesarios ante las violaciones de derechos humanos que contra estas personas pudieran cometerse por parte de terceros (empresas, organizaciones, grupos paramilitares, etc.).En la segunda se acuerda que el Ayuntamiento de València solicite a la Embajada de la República de Turquía en España que inste a las autoridades turcas a que ponga en libertad de forma inmediata a Taner Kilkiç, presidente de Amnistía internacional en aquel país, y se retiren los cargos contra él y contra otros once defensores y defensoras de los derechos, «que se encuentran en libertad bajo fianza y sobre los que pesan cargos relacionados con terrorismo, a pesar de que las acusaciones sean ridículas y faltas de fundamento».
En esta declaración se afirma que tras el fallido golpe de estado de julio de 2016 «los derechos humanos en Turquía han sufrido un alarmante retroceso que ha afectado gravemente a toda la sociedad civil».