Desde Compromís per Paterna su portavoz municipal, Juanma Ramón, ha manifestado que ya en los primeros planos y cálculos consultados en 2012 se hacía evidente el "pelotazo" que suponía Puerto Mediterráneo. Todos los coeficientes urbanísticos, reservas de suelo dotacional, computo de superficies, etc. estaban encaminados a beneficiar de manera exagerada al promotor. Exprimiendo al máximo la superficie y aumentando el aprovechamiento urbanístico para garantizar el máximo posible de beneficio.
El proyecto de la empresa británica incumplía la Ley de carreteras de 1991. Una ley que reserva unos metros (50-100) al lado de las autovías, para garantizar la seguridad vial y futuras ampliaciones. Puerto Mediterráneo pretendía urbanizar hasta el mismo borde de la CV35 y admite, además, que en caso de tener que cumplir la ley "reducirían la superficie en un 12% lo cual haría inviable el proyecto".
La organización de izquierdas lleva denunciando desde que se presentó el proyecto, que este aseguraba sus beneficios saltándose el cumplimiento de la ley. "Una ley que sí que tenemos que cumplir el resto de ciudadanos y ciudadanas" ha recalcado el portavoz de Compromís per Paterna.
De hecho este incumplimiento legal fue causa de alegación por parte de la coalición valencianista en los dos procesos de exposición pública, sin que recibieran respuesta por parte de la empresa aspirante a promotora.
Para Compromís es evidente que los promotores conocían esta exigencia legal y la obviaban desde 2012. Puesto que al Informe de Compatibilidad emitido por la Generalitat se recoge un expediente del 9 de enero de 2012 de la Secretaría Autonómica de Infraestructuras y Transportes de la consellería dirigida por Bonig donde se establecía que: "se aplicará la ley 6/1991 de carreteras en cuanto a las zonas de protección de las mismas" haciendo referencia a los 100 metros de reserva de la CV35. Aún así, el proyecto ha sido expuesto al público en dos ocasiones, sin que la consellería dirigida por la actual presidenta del PP valenciano les obligara a acatar la ley y modificarlo.
"Ahora el promotor lanza balones fuera con la imposibilidad de construcción del tranvía y los cabalaches con Sacyr, mientras el Ministerio de Fomento y la Consellería se limitan a reiterar, detallar y desarrollar los informes contrarios de 2012 que no fueron considerados por la Consellería, cuando gobernaba el PP, declarando Puerto Mediterráneo como Actuación Territorial Estratégica. Alguien tendrá que explicar por qué se continuó con la tramitación pasando por alto estas irregularidades contrarias a ley".