La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha defendido la necesidad de reformar la Ley de la Función Pública Valenciana para que la Generalitat tenga un instrumento eficaz al servicio de sus dos prioridades: "el rescate de las personas y el restablecimiento del buen nombre de nuestras instituciones y, para ello, necesitamos dotarnos de una administración que sea capaz de dar una respuesta satisfactoria a los nuevos retos del siglo XXI".
Gabriela Bravo ha inaugurado las Jornadas sobre Empleo Público en el siglo XXI, donde se presentan las conclusiones de los informes que la Conselleria de Justicia encargó a dos comisiones de especialistas para abordar la reforma de la Ley de la Función Pública Valenciana. Esta modificación busca mejorar la organización interna de la Generalitat buscando la eficacia, la excelencia en los servicios públicos y la igualdad real entre hombres y mujeres que prestan sus servicios en el sector público. Las jornadas serán clausuradas este martes, 8 de noviembre, por el president de la Generalitat, Ximo Puig.
En su discurso inaugural, la consellera Bravo ha asegurado que la cohesión cívica, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha efectiva contra la desigualdad son algunos de los elementos de "la nueva gramática democrática que los valencianos nos reclaman". Por ese motivo "el primer instrumento que tenemos que repensar es una administración pública eficaz". Según ha explicado Gabriela Bravo, "debemos forjar una nueva legitimidad que no puede estar basada solo en la representación electoral, sino también en la imparcialidad de las instituciones públicas".
La consellera ha agradecido el trabajo de las dos comisiones que han elaborado los informes que se presentan en estas jornadas y que servirán de base para acometer la reforma.
La primera comisión, presidida por el catedrático Miguel Sánchez Morón, ha aportado líneas maestras para la reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana. Una segunda comisión, presidida por la profesora Julia Sevilla, ha revisado esta ley desde la perspectiva de género, la de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ambos estudios han revelado los problemas que se pretenden solucionar con la reforma de la ley. Entre ellos destaca que un tercio de los cerca de 16.000 empleados públicos valencianos son interinos; que el 60 % de los efectivos tiene más de 50 años y que, en los próximos diez años, se jubilarán alrededor de 10.000 trabajadores, así como la elevada fragmentación corporativa, con más de 200 cuerpos y escalas que dificultan la gestión de las plantillas.
Gabriela Bravo ha enumerado ante los asistentes a las jornadas los objetivos que se ha marcado con la reforma. "Queremos regularizar anomalías, queremos encarar, dentro del marco constitucional y desde el respeto a la igualdad de oportunidades, la estabilización de las plantillas. Pondremos el énfasis en el sistema de oposición libre, basado en la vigencia efectiva de los principios de mérito y capacidad, como modo de acceso ordinario a la función pública. Queremos un sistema de carrera horizontal apoyado en la evaluación del desempeño profesional del empleado público y no en la mera antigüedad. Queremos reducir el uso de la libre designación para limitar la discrecionalidad política. Queremos proteger a los funcionarios que hagan frente a corruptelas e irregularidades. Y para todo ello queremos recorrer una senda realista de recuperación de los derechos sociales del personal empleado público y de incorporación de la perspectiva de la igualdad efectiva de mujeres y hombres".
La consellera de Justicia ha asegurado que ninguno de estos objetivos se conseguirá sin diálogo como el que hizo posible el Acuerdo de Legislatura con cuatro de las cinco centrales sindicales. Para Gabriela Bravo, "ese diálogo abierto volverá a ser necesario en 2017, que será el año central en la construcción de una nueva función pública valenciana y en el que coincidirán reformas legales y nuevos proyectos de gestión".
La primera conferencia ha corrido a cargo de Julia Sevilla, que ha explicado los pormenores del informe de la comisión que ella presidió y que llevaba por título "La Ley valenciana de la Función Pública desde la perspectiva de género". A continuación, el jefe de Informativos de la Cadena Cope Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, ha moderado el primer panel, donde se han debatido los retos a afrontar en la reforma de la ley y en el que han participado Ignacio Sevilla Merino y José Luis Martínez Morales (vocales de la comisión), Mikel Gorriti (responsable de Recursos Humanos del Gobierno Vasco) y Susana Rodríguez (catedrática de Derecho del Trabajo).
El segundo panel ha versado sobre la garantía del mérito y el refuerzo ético en el sector público y ha sido moderado por Bernardo Guzmán, jefe de Informativos de la Cadena SER Comunitat Valenciana, con las aportaciones de los miembros de la comisión Juan José Díez y David Blanquer, así como Eva Coscollá, directora general de Función Pública, y Gemma Fabregat, miembro de la comisión de Igualdad.
Para hoy está prevista una conferencia del catedrático Miguel Sánchez Morón sobre las conclusiones del informe realizado por la comisión que él presidió sobre la reforma de la Ley 10/2010 de la Función Pública. Seguidamente se celebrará una mesa redonda moderada por la periodista Ámparo Tórtola sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el empleo público, en la que intervendrán Santiago García Campá, Beatriz Belando y Julia Sevilla, miembros de la comisión que redactó el informe sobre igualdad.
El último panel de las jornadas será moderado por la periodista de Levante-EMV Julia Ruiz y versará sobre los nuevos instrumentos para la gestión del talento público, y en él participarán Carmen Román (gerente del Ayuntamiento de Madrid), Luis Herrera (consejero técnico del Instituto Nacional de Administración Pública) y Rafael Jiménez Asensio (Catedrático de Derecho Constitucional). Cerrará el encuentro el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig.