El Ayuntamiento respalda y reconoce las ayudas económicas que la Generalitat Valenciana ha prestado para compensar el copago en la adquisición de medicamentos i ortoprótesis decretado por un Real Decreto. Asimismo, tal como ha acordado hoy en el Pleno, instará al Gobierno Estatal para que retire el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra las subvenciones autonómicas y derogue la citada normativa que aprobó “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones”.
Este acuerdo se ha adoptado a instancias de una propuesta presentada por los portavoces del equipo de gobierno municipal, que no ha recibido el apoyo de los concejales del Partido Popular y ante la cual se ha abstenido Ciudadanos. En su debate han intervenido los responsables de la Unión de Jubilados y Pensionistas del País Valenciano y de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO del PV, José Luis Almela y Evaristo Soto, que, como afectados, han hecho uso de su derecho a participar en el pleno.
Tras ceder el turno de palabra a estos colectivos ciudadanos, y agradecer su apoyo, la portavoz del gobierno Sandra Gómez ha recordado que el Real Decreto cuestionado “supuso el mayor ataque al Estado social y de Derecho y a los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria y social”.
“Afortunadamente, la llegada a las instituciones valencianas de un gobierno progresista alivió a muchas personas mayores y a sus familias que se habían visto obligadas a pagarse sus medicamentos, y en algunos casos de forma no asumible. Y gracias a la medida del Gobierno valenciano, casi 200.000 pensionistas de la ciudad de València, ya no pagan por sus medicamentos”, ha manifestado la concejala antes de instar a todas las fuerzas políticas “para defender los derechos de estas personas que fueron víctimas de los recortes injustos del Gobierno del Partido Popular”.
En nombre de Ciudadanos, el concejal Narciso Estellés, ha defendido la necesidad de mejorar el modelo actual, “porque no es garantista”, pero ha recordado “la necesidad de hacerlo dentro del sistema”. Por su parte, la concejala popular María Jesús Puchal ha expresado su “sorpresa” ante la propuesta del equipo de gobierno “porque el copago se hizo con un propósito equitativo y racional”. “De hecho –ha argumentado- antes de 2012 los pensionistas no pagaban pero los parados de larga duración sí que lo hacían, el 40%, y además, ahora, muchas personas de distintos colectivos castigados han quedado exentas del copago.