Bienestar Social amplía el servicio de asesoramiento gratuito a personas en riesgo de perder la vivienda

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La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Paiporta amplía el servicio de asesoramiento gratuito a personas en riesgo de perder la vivienda. A partir de ahora, los Servicios Sociales municipales atenderán con mayor capacidad los casos de amenaza de desahucio, y tendrán información más exacta sobre los precios de alquiler para ajustar la cuantía de las ayudas a la realidad. Así mismo, mejorará la gestión del parque de viviendas públicas y diseñará un plan para gestionarlas de forma más eficiente.

Para la concejala de Bienestar Social, Maribel Albalat, "nuestra prioridad siempre es el Bienestar de las personas. La ley de la función social de la Vivienda reconoce el derecho de los y las valencianas a una vivienda asequible, digna y adecuada, y desde esta concejalía tenemos la responsabilidad de poner en marcha todos los recursos posibles para garantizar ese derecho."

El área de Bienestar Social recibía apoyo hasta ahora de la Mancomunitat de l'Horta Sud y mediante un convenio firmado con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, pero el volumen de trabajo ha superado la carga prevista, a pesar de que en el tiempo que han estado en funcionamiento han mostrado un alto nivel de eficiencia. Con la contratación de un servicio propio de asesoría jurídica, se multiplica la capacidad de tramitación de casos y se amplía el abanico de posibilidades a la hora de mejorar los servicios municipales.

Además, en virtud de la contratación de este servicio se atenderán múltiples casos cada semana de personas en riesgo de pérdida de la vivienda, y no sólo los de máxima urgencia, como sucedía hasta ahora. También se pondrá en práctica un programa de gestión de viviendas de propiedad municipal, que tendrá que efectuarse en coordinación con el equipo técnico de Servicios Sociales.

Dentro del acuerdo de asesoramiento se incluye también el diseño de nuevos proyectos que permiten un mejor conocimiento del parque municipal de viviendas, así como la confección de estudios sobre los precios del alquiler al municipio que permiten ajustar las políticas de prestaciones sociales.

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