En València, 82.000 hogares están en situación de reclamar el derecho subjetivo a una vivienda digna, según la Ley por la Función Social de la Vivienda. Esto quiere decir que más del 25 % de la población de la ciudad está en riesgo habitacional por ausencia de vivienda o de las condiciones que aseguran una vida digna. Por otro lado, el 13,6 % de las 415.000 casas de València están vacías. El porcentaje más grande de esas 64.740 viviendas desocupadas (el 27,5 %) se encuentra en Ciutat Vella, mientras que el distrito con menor tasa de desocupación es Jesús, con un 7,2 % de casas sin inquilinos. Estas y otros datos que reflejan el estado del parque de viviendas de la ciudad se recogen en el Plan Estratégico de la Vivienda que el Pleno municipal ha aprobado hoy, con la abstención de los grupos políticos de la oposición, “como un documento que recoge meses de estudio y coordinación, y que permitirá el equipo de gobierno trabajar con la realidad actual para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vivienda”.
Con estas palabras, la concejala de Vivienda, María Oliver, ha resumido el plan anunciado por el alcalde Joan Ribó durante el último Debate del Estado de la Ciudad, y ha recordado la voluntad del equipo de gobierno de “atender las necesidades de la población en materia de vivienda que, según este informe, se concretan en datos como que casi el 75 % (el 74,9 %) de las viviendas de València tienen más de 50 años de antigüedad, y el mencionado porcentaje del 25,9 % de la población que se encuentra en riesgo habitacional.
“València tiene, como el resto de ciudades del Estado, serios problemas para garantizar el derecho constitucional de sus habitantes a una vivienda digna y adecuada. Y estos problemas comunes se agravan al ser la única gran ciudad que no contaba, antes de llegar nosotros al Gobierno Municipal, ni con concejalía, ni con servicio, ni con empresa pública o patronato que se ocupara de la vivienda social”, ha explicado la concejala.
En el Plan Estratégico de Vivienda, encargado por el actual equipo de gobierno (por un presupuesto de unos 60.000 euros) a un equipo de profesionales liderados por el sociólogo Max Gigling, también consta que el 14,5 % de las viviendas de València están alquiladas y que la oferta de los arrendamientos ha decrecido “notablemente” (en los últimos 3 años se ha reducido cerca de un 60 %) y que los alquileres más asequibles (inferiores de los 300 euros) “también se han reducido desde que el Gobierno central aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013”.
Ante esta recopilación de datos, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Fernando Giner, que ha manifestado su “indignación porque la mayor parte de esta información ya está en la web del Ayuntamiento”, ha lamentado la ausencia de propuestas para resolver todos los problemas de los cuales se hace eco el informe”.
Por su parte, el concejal popular Alfonso Novo ha hablado del “tiempo insuficiente que el equipo de gobierno ha dado a los grupos políticos para participar en este documento”. Además, ha manifestado que su aprobación “se tiene que tramitar con cautela hasta que haya una sentencia definitiva sobre la ley autonómica de vivienda, paralizada por asumir competencias que no le pertenecen”.
“Este plan estratégico es una excusa para justificar ante los valencianos y valencianas que el equipo de gobierno está haciendo cosas en materia de vivienda y la necesidad de las personas con problemas de vivienda solo se puede resolver con dinero que la Concejalía de Vivienda no ha gastado”, ha concluido el concejal del Grupo Popular.
En respuesta a estas críticas, la concejala María Oliver ha recordado las intervenciones realizadas durante la presente legislatura para evitar, por ejemplo, desahucios, y ha anunciado la creación de un registro único de demandantes de ayudas y viviendas de alquiler social.
“También vamos a generar una comisión técnica de vivienda donde los diferentes servicios del Ayuntamiento, diferentes administraciones y entidades públicas, así como la sociedad civil, puedan definir con transparencia los criterios de acceso a ayudas y viviendas, y vamos a incrementar la oferta de vivienda asequible con mecanismos que movilizan las viviendas vacías mediante incentivos para su puesta a disposición para alquiler social”, ha explicado.
LA ORDENANZA DE APARCAMIENTOS
Por otro lado, el Pleno ha acordado, inicialmente, y ha decidido someter a información pública la Ordenanza de Aparcamientos, que regulará los estacionamientos fuera de la vía pública. Esta nueva normativa, que no ha contado con el apoyo de la oposición, que se ha abstenido, actualiza la de 1994, aumenta las dimensiones de las plazas y el ancho de los carriles de circulación, e incluye estacionamientos para bicicletas y vehículos de personas con diversidad funcional.El concejal delegado de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicado que esta norma, que define unos parámetros mínimos para evitar conflictos entre los usuarios de los aparcamientos, tendrá en cuenta el creciente número de usuarios de bicicletas en la ciudad. Así mismo, ha resaltado que será un documento consensuado, resultado de un proceso participativo “en el cual han estado presentes todos los agentes involucrados”.
A este respecto, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha explicado la abstención de su grupo, “que, a pesar de que considera adecuada la nueva normativa, no comparte los puntos que obligan a adecuar los edificios para instalar aparcamientos para bicicletas”. El concejal popular Alberto Mendoza también ha manifestado la “disconformidad” de su grupo con la nueva ordenanza, “que solo ha incluido una y media de las seis enmiendas que presentaron durante el periodo de consulta abierta al público para admitir sugerencias”.
LAS TARIFAS DE LA EMT SEGUIRÁN CONGELADAS EL AÑO QUE VIENE
El pleno ha aprobado también las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes, EMT, para el año que viene, que se mantendrán congeladas, según la propuesta planteada por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha sido respaldada por el Gobierno Local, con la abstención del Grupo Popular y Ciudadanos.Tanto el concejal Alberto Mendoza, del PP, como Narciso Estellés, de Ciudadanos, han expresado su respaldo a la congelación tarifaria, pero han justificado su falta de apoyo a la propuesta por su desacuerdo con la gestión de la empresa municipal. Estellés ha criticado los parámetros de frecuencia de paso de los autobuses urbanos, la “mala previsión de las ventas” y la falta de datos. Por su parte, el concejal Mendoza ha rechazado “la falta de apuesta por las nuevas tecnologías” y ha instado al concejal Grezzi a “no centrarse en el autobombo, sino en las necesidades de la ciudadanía”.
El delegado de Movilidad Sostenible ha rechazado estos argumentos, y ha recordado que, frente a los clamores que anunciaban la quiebra de la empresa hace apenas dos años, “ahora estamos en 5,4 millones de pasajeros, 2 ejercicios seguidos con superávit, incremento de títulos y una decidida política social”. Grezzi ha recordado que hace apenas unos días, EMT València fue reconocida como empresa del año en transporte urbano por la revista especializada Autocares y Autobuses, con un jurado del que formaban parte, entre otros, el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y el catedrático de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. El jurado ha valorado la calidad del servicio los últimos tres años así como la implantación de las nuevas tecnologías, la gestión y las iniciativas de todo tipo puestas en marcha.
PARQUE CENTRAL
Por lo que respecta a los asuntos relacionados con el urbanismo de la ciudad, en el Pleno se ha aprobado hoy el cambio de uso de las naves municipales 1, 2, 3 y 4 situadas en el Parque Central. Con esta decisión, acordada por unanimidad, los edificios contemplados como equipamientos administrativos pasarán a ser dotaciones municipales para el vecindario de Russafa y Malilla.En este punto, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, que ha asegurado que los nuevos usos de las naves “no han sido bastante consensuados y no respetan la actividad de otras instalaciones privadas del entorno”, ha manifestado que la mencionada modificación urbanística “requeriría de unos informes que no se han hecho”. En la misma línea se ha manifestado el concejal del Grupo Popular Alfonso Novo, quien ha hablado “de los informes contradictorios” que avalan esta decisión del equipo de gobierno.
En su intervención, el concejal Vicent Sarrià ha señalado “que todas las modificaciones que se han hecho al escuchar las reivindicaciones vecinales se han hecho cumpliendo todos los procedimientos necesarios y que los informes de los técnicos lo avalan”.
El Pleno también ha acordado, con la abstención de la oposición, iniciar el proceso para modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una parcela que en su día adquirió el Ayuntamiento en la calle Pintor Ricardo Verde. Este espacio, que en un principio estaba destinado a uso educativo, finalmente, albergará un centro asistencial con unas salas polivalentes con usos múltiples.
En el Hemiciclo también se ha tratado la intervención en el entorno de los árboles monumentales situados en la plaza Alfons el Magnànim y el jardín de la Glorieta, que según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, se llevará a cabo “dentro de la legalidad” para establecer las marquesinas del futuro intercambiador de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
En el debate de este acuerdo, que se ha aprobado sin el apoyo de la oposición, el regidor de Ciudadanos Narciso Estellés ha señalado que la intervención se enmarca en la política del regidor Giuseppe Grezzi, “que gestiona el tráfico de la ciudad con marquesinas y otros elementos urbanos que se ponen arbitrariamente y colapsan València”. En su intervención, el popular Alberto Mendoza ha manifestado que esta decisión del gobierno municipal “infringe la normativa patrimonial y además el proyecto no cuenta con los informes favorables de la Conselleria de Cultura”.
El concejal Giuseppe Grezzi ha reiterado en su explicación “que hay un documento de la Conselleria que da su aprobación a las marquesinas, que tienen todos los permisos, además de un informe de jardinería que aprueba y establece pautas para esta actuación”.