El observador imparcial deduciría, con una solada mirada en la red viaria estatal, que esta ha sido configurada a golpe del interés electoral de cada uno de los gobiernos españoles, unas veces con el PSOE al frente y otros con el PP, como es el momento actual. Si sobre ese mapa, empezamos a borrar aquellas vías que son de pago, entonces el dibujo resultante es una especie de araña con muchas patas de las que cuelgan tramos a en ninguna parte. No es ningún secreto tampoco que, para sostener todo ese entramado de carreteras por las que con suerte pasa un centenar de vehículos al día, el Estado nos ha venido cobrando en los últimos 50 años por el uso de las carreteras que atraviesan nuestros territorios. A un precio exorbitante. Ya están pagadas de sobra.
Y se acerca 2019, la fecha de expiración de la anterior prórroga y el gobierno de M. Rajoy no confiesa sus intenciones, que quiere hacer con la AP-7. O mejor dicho, lo confiesa con cada una de las no-acciones mientras el tiempo se agota. Da pistas de lo que harán cuando el Ministro de Fomento, Íñigo de Serna, no contesta de manera inequívoca a las preguntas directas de periodistas, parlamentarios de la oposición, organizaciones empresariales o colectivos de la sociedad civil sobre la prórroga de las concesiones. Declaran a escondidas que la liberación de nuestros peajes no es su prioridad cuando anuncian inversiones de 30.000 millones de € en un Plan de Carreteras que incluye nuevos viales con destinos finales a pedanías sin regreso. Pero la prueba definitiva de que nos quieren ganar la mano con una prórroga de las concesiones es que no hay el mínimo indicio en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, #PGE2018, de ninguna inversión para empezar el camino de la reversión de la gestión de la AP-7 por parte del sector público.
Porque no explican que para tener que transferir la gestión se tendrá que evaluar el cumplimiento de los convenios y hacer las correspondientes liquidaciones. Porque saben que habrá que hacer obras de adaptación de algunos tramos, hacer nuevas salidas, cambiar señalizaciones y desinstalar el equipamiento de la concesionaria por los pagos, y por todas estas cuestiones habrá que hacer licitaciones para empresas con suficiente antelación. Porque si quisieran gestionarlo desde el sector público tendrían que estar pensando en la incorporación de personal. Y no lo están haciendo. Y no lo quieren avanzar porque, llegado el momento, saldrá el Ministro de Fomento a decir que es necesario hacer una ampliación de la concesión porque no ha habido tiempo de hacer los trámites correspondientes y que no se puede dejar de dar servicio a un vial tan importante para las comunicaciones terrestres.
Contra esta práctica del gobierno de M. Rajoy de escondernos las cosas siempre nos tendrán delante. Y más todavía cuando sí mantienen informados a los poderes fácticos de siempre. Si no, como tenemos que entender el movimiento empresarial de ACS, empresa de Florentino Pérez, ¿con una OPA para quedarse con Abertis, concesionaria de la AP-7? ¿Quién querría hacerse con una empresa que tiene como mayor fuente de negocio estas carreteras con una amenaza de ser recuperada su gestión?
Nos la quieren hacer pagar. Y ahora no me refiero sólo a la AP-7. También a cómo votamos a 2015 y cómo estamos sumando para levantar una región que ellos hundieron. Su rencor todavía duro y de su castigo es cómplice Ciudadanos.
César JiménezDiputado del Grup Podemos a les Corts