Es probable que si en una encuesta preguntáramos a la ciudadanía –reconociendo, eso sí, que no es una pregunta fácil- cuál es la velocidad de la luz, obtendríamos un porcentaje más que aceptable de respuestas correctas que si la consulta fuese sobre el recibo de la luz.En las últimas semanas la ciudadanía española ha asistido con estupor y enorme malestar, a un incremento sin precedentes del precio de la energía en nuestro país. Incremento provocado por una serie de circunstancias que, desde diferentes puntos de vista se ha intentado explicar -sin demasiado éxito-, y que va a tener un reflejo negativo en la economía doméstica de muchos millones de españoles.
La opacidad y complejidad de la factura de la luz parece que quiera dar carta de naturaleza a la situación de injusticia padecida por la ciudadanía. Digámoslo sin tapujos, es prácticamente imposible entender el recibo de la luz. Y esa complejidad en la comprensión parece que quiera ocultar situaciones como que el 65% de ese recibo sea la parte fija que todos pagamos y que subió, sin una explicación mínimamente plausible, de un 35% en enero de 2013 a un 65% en febrero de 2014.
Existe, por tanto, una suerte de tarifa plana que no refleja ni nuestros hábitos como consumidores ni premia la eficiencia ni el ahorro energético. La injusticia se hace realidad: pagamos por la energía que no consumimos, y la pagamos a un precio muy alto.La terminología utilizada tampoco ayuda a comprender el recibo: mercado marginalista, peajes, tarifa de último recurso (TUR), precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) u otros conceptos que parecen diseñados para evitar la comprensión adecuada de un producto indispensable para un desarrollo digno de nuestra vida diaria. Si se quiere perpetuar una situación de injusticia qué mejor que utilizar un lenguaje ininteligible para el gran público.
Si a esto añadimos que, en un país con sol y viento infinitos, se haya producido un maltrato sistemático del Gobierno de Rajoy al sector de las energías renovables -que debería ser sin duda la base de nuestro modelo energético- parece lógico que la perplejidad y cabreo de la ciudadanía sea inmenso.
Es evidente que hace falta claridad y transparencia en el mercado eléctrico que, a su vez, necesita una profunda reforma. Es un derecho ciudadano conocer sin trampas cuál es el coste real de la energía que consumimos. Es imprescindible saber qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio. Esta es la razón por la cual hay una petición mayoritaria para realizar una auditoría energética de los costes integrados en la tarifa energética.
No es admisible soportar una parte fija tan elevada en el recibo de la luz ni que consumir más o menos energía importe tan poco. Es inmoral permitir que los esfuerzos de muchas familias por reducir su consumo eléctrico se traduzca en una reducción irrisoria de su recibo.España necesita un cambio en su modelo energético para que la energía se convierta en un factor de competitividad de nuestras empresas y no en una carga, y, fundamentalmente para que la ciudadanía española no siga pagando una de las facturas de la luz más altas de Europa.
Es inaplazable abordar una transición energética que asegure a la ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles y que convierta al sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático.