El área de modernización y desarrollo de la administración electrónica, encabezada por Ivan Martí, se ha referido al proceso de desarrollo de la plataforma “I-pobles”. Esta plataforma, creada en 2017, tiene como objetivo “una mejora sustancial tanto en el trabajo del día a día como en la transparencia y en el servicio que damos a los ciudadanos”, según palabras del diputado.
Esta plataforma sirve para reducir el consumo de papel de los ayuntamientos, aplicándose de esta manera las leyes 39 y 40 de 2015. Estas leyes, entraron en vigor en octubre del año pasado, y el próximo mes de octubre entrarán en vigor otras normativas que serán de obligado cumplimiento.
“I-pobles”, está destinada a localidades de menos de 20.000 habitantes y busca que los ciudadanos puedan obtener sus certificados electrónicos y hacer sus trámites desde casa. Además se podrá ver el estado de un trámite en todo momento y qué departamento ha de informar de la petición en cuestión, permitiendo la comunicación posterior y la notificación digital por parte del ayuntamiento.
Durante 2017 se han adherido 130 municipios, de los cuales, 17 son los pueblos piloto. Estas localidades (Albal, Alberic, Algar de Palància Bellús, Benifairó de la Valldigna, Bugarra, Bunyol, Corbera, Guadassuar, Manuel, Meliana, Pinet, Puçol, Rafelbunyol, Torrella, Vallada i Vallés) recibirán los próximos días una visita del diputado para solucionar deficiencias de la aplicación y las dudas que hayan podido surgir durante este periodo como usuarios de la aplicación. Durante el año pasado sus técnicos, regidores y alcaldes han recibido formación específica para utilizar esta plataforma.
Ivan Martí, ha mencionado que aunque solo hay 130 solicitudes de adhesión, hay “otros municipios que han estado preguntando y sabemos de otros que están a la expectativa por ver cómo funciona el proyecto para también adherirse”.
Por otro lado, Ivan Martí ha remarcado que muchas localidades ya tienen un sistema propio de administración electrónica o que tienen contratado con empresas externas. En este caso, el diputado ha mencionado que muchas localidades están esperando el vencimiento del contrato con estas empresas y la evolución de la aplicación de la Diputación, poniendo énfasis en que cada “ayuntamiento tiene su autonomía para decidir si quiere adherirse a este servicio que les da la Diputación de manera gratuita o prefieren optar por otras alternativas que hay en el mercado o que ellos mismos pueden hacer”.